La asambleísta Miryam González presentó un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para que se revise y se modifiquen las multas y rebaja de puntos de todas las contravenciones de tránsito, las mismas que, a su criterio, deben ejecutarse en función de la proporcionalidad y la difícil situación económica que atraviesa el país. Plantea cambios en los artículos que contienen las violaciones de tránsito desde la primera hasta la séptima clase.
Sobre las sanciones de primera clase coincide con el actual COIP para que la sanción privativa de libertad sea de tres días, pero cree que la multa se debe rebajar de un salario básico unificado al 50 % del mismo; y, que la reducción de puntos no debe ser de 10, sino de siete. Aquí se sanciona a quienes conducen sin licencia, a la falta de obra a la autoridad de tránsito, exceso de velocidad, transportar pasajeros sin título habilitante, conducir con una licencia de categoría menor a la exigible; y, competencia con vehículos a motor en vías públicas.
En cambio, en las contravenciones de segunda clase la asambleísta propone reducir la multa de 50 % a 40 % de un salario básico unificado y de nueve a seis puntos en el registro de la licencia de conducir. Aquí se encuentran violaciones como ocasionar un accidente de tránsito cuyo costo sea inferior a dos salarios básicos unificados, conducir con licencia caducada, exceso de pasajeros, entre otras.
En tanto, causar daños en la vía pública, derramar sustancias inflamables o deslizantes en la vía pública, transportar material inflamable o explosivos sin permiso, construir reductores de velocidad sin permiso de la autoridad, conducir con gente parada en los baldes de las camionetas, entre otras contravenciones son de tercera clase. Aquí, Miryam González cree que la multa debe ser del 30 % y no del 40 % del salario básico unificado y la reducción de cinco puntos y no de sitie en la licencia de conducir.
En las contravenciones de cuarta clase la representante de Loja propone rebajar el 10 % en los castigos, es decir, pagar solo el 20 % de un salario básico unificado y la reducción de cuatro puntos en el documento que habilita la conducción. En las de quinta clase cree que la multa debe ser del 15 % del salario básico unificado y la disminución de tres puntos en la licencia.
Dichas rebajas también las plantea en las contravenciones de sexta y séptima clase. En la primera propone que haya una multa del 10 % del salario básico unificado y la reducción de dos puntos en la licencia, mientras que en la segunda sugiere la reducción de un punto y una sanción del 5 % del salario básico unificado.
La asambleísta basa su propuesta en el artículo 76 de la Constitución que determina que las penas sean acordes con el principio de proporcionalidad, es decir, que debe existir cierta relación coherente entre el grado de vulneración de un derecho y la gravedad de la pena. Estas contravenciones tienden a proteger los derechos de las personas y también a limitarlos, argumenta.
De igual manera, señala que se debe tomar en cuenta que la sanción no debe apuntar a lo económico, ya que la difícil situación económica que atraviesa el mundo y el país hace que en la mayoría de casos los conductores no puedan cubrir los montos.
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