Luego de cinco años de aplicación de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, es necesario hacer reformas para potenciar sus prácticas, establecer un marco jurídico común, generar un régimen de derechos, obligaciones e institucionalidad, tomando en cuenta que existe un menor impacto respecto a las expectativas propuestas con relación a las políticas de incentivo, fomento y promoción, precisó el asambleísta Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Régimen Económico al resaltar que el sector de la economía popular y solidaria acoge el 64% de empleo en Ecuador.
La ley es rígida en algunas normas de registro, regulación y control. Esto ha provocado que hasta la actualidad se hayan registrado únicamente 7300 organizaciones y actores, de un universo que, según el censo económico de 2010, sería de cientos de miles de establecimientos de menos de 10 trabajadores.
Problemas detectados
El parlamentario dijo que falta claridad en la definición e identificación del sector; insuficiente normativa regulatoria; lentitud en el registro, catastro y obtención de personería; dificultades para la obtención del Registro Único de Proveedores, Registro Sanitario y acceso al Régimen Simplificado de Tributación; inconvenientes en registro y control de unidades productivas existentes; imprecisiones que generan controversias en el trabajo solidario; insuficiencia de las medidas de incentivo, fomento y promoción del sector; demora y dificultad en la tramitación de los procesos de liquidación, especialmente de las cooperativas de vivienda.
Además, en estos años de aplicación de la ley se ha evidenciado una situación de dispersión, duplicación y vacíos entre las instituciones creadas para el cumplimiento de las facultades de rectoría, planificación, regulación, control y ejecución, añadió.
Virgilio Hernández indicó que la Economía Popular y Solidaria la integran 1,5 millones de trabajadores no remunerados del hogar, según el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social; 777.000 familias productoras campesinas; 2,5 millones de puestos de empleo, entre micro y pequeños productores urbanos unifamiliares, de pequeño comercio y trabajadores de cuenta propia; 25.000 productores artesanales registrados y trabajadores informales urbanos y rurales con mayor precariedad laboral.
Dijo que según la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, se estima que el 50% del empleo nacional es generado por microempresas, de las cuales el 46% es propiedad de mujeres, que generan alrededor del 25,7% del Producto Interno Bruto.
Importancia del proyecto
El presidente de la Comisión de Régimen Económico, dijo que la economía popular y solidaria genera la mayor parte del empleo en Ecuador y América Latina; es menos contaminante que el sector formal; contribuye al equilibrio y desarrollo territorial y al ahorro local, porque realiza inversiones, captaciones y créditos en sus localidades; genera productos socialmente necesarios y vinculados a la identidad cultural (alimentos, artesanías, etc.); utiliza materias primas e insumos nacionales para su producción; está sustentado en principios de reciprocidad y solidaridad, antes que el lucro.
Indicó que hasta mayo pasado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria contabilizó 4.728 asociaciones, 2.451 cooperativas de economía popular y solidaria y 58 organismos de integración y comunitarios. El capital humano en la Economía Popular y Solidaria es: 75% hombres y el 25%, mujeres. En cuanto a socios, el 79% corresponde a hombres y el 21% a mujeres.
Reformas
Virgilio Hernández indicó que se reforma el acto económico solidario; el trabajo solidario; registro y catastro; personalidad jurídica; medidas de incentivo, fomento y promoción; Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; mejora sus facultades de supervisión y control; disolución y liquidación sector comunitario; cooperativas de vivienda, de servicios y de trabajo asociado; organismos de Integración; entidades de apoyo y otras organizaciones; medidas de fomento; misión de la Corporación de Finanzas Populares; elimina la enorme discrecionalidad existente en la ley actual y establece un régimen que distingue las infracciones leves de las graves; y, las infracciones que cometen los socios de las que cometen los directores y demás autoridades de las organizaciones; y, genera un régimen de sanciones que garantiza la proporcionalidad.
El parlamentario dijo que se produjo una omisión en el informe del proyecto, sobre todo en el artículo 30 en lo que tiene que ver con las cooperativas de servicio que dice que son las que se organizan para satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad y pueden ser entre otras, las de trabajo asociado, comercialización, asociación, cultura, servicios profesionales, actividades de cuidado, pero no se incluyó a las de transporte, por lo tanto, se comprometió a incorporarla en el informe para segundo debate, para tranquilidad de las cooperativas, sobre todo de taxis.
JLVN/pv
