La Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador, representada por Remigio Hurtado Chacón, presentó preocupaciones respecto al desahucio, al despido intempestivo, recursos que aportan los servidores para mantener las organizaciones, jerarquización, derecho al contrato colectivo, salarios equitativos y ascensos, establecidos en el proyecto de Ley Reformatoria a las Leyes del Sector Público.
“Nosotros no podríamos tener ni el desahucio ni el visto bueno, eso es fundamental para el Código en los trabajadores privados, no en los servidores públicos, ni en los trabajadores públicos que antes eran y pasan a ser servidores públicos”, señaló Hurtado.
El funcionario plantea que el escalafón debe organizarse por las particularidades, misno que comprenderá niveles y grados ordenados de acuerdo con la instrucción, capacitación, complejidad, responsabilidad y requisitos de capacitación propios de las funciones respectivas.
En la disposición relacionada con las condiciones para el reingreso al sector público, que establece que en caso de haber percibido indemnización por compra de renuncia para reingresar al sector público, a cualquier puesto, deberá devolver en forma previa la totalidad de la indemnización, planteó que se exceptúen los casos de despido intempestivo.
Sugirió que en lugar de la remuneración variable por eficiencia se conceda una bonificación por el día del servidor público, la que por mecanismos de reconocimiento e incentivo a la eficiencia administrativa de los servidores públicos se pagará veinte cinco por ciento de un salario básico unificado del sector privado del año vigente, que deberá ser cancelada el 1 de abril de cada año.
En el artículo referente a la intransferibilidad de remuneraciones y pensiones propuso que se haga con excepción de los descuentos autorizados por cada uno de los miembros de los gremios o sindicatos de servidores públicos, que serán retenidos y entregados por la institución a la respectiva organización gremial o sindical.
En cuanto a los viáticos por gasto de residencia, planteó que las servidoras y servidores que tuvieren su domicilio habitual fuera de la ciudad en la cual presten sus servicios y por tal motivo deban trasladar su residencia a otra ciudad de otra provincia, se elimine “salvo los casos que fundamentadamente apruebe el Ministerio de Relaciones Laborales”, para cubrir los gastos de vivienda, tendrán derecho a un viático que no podrá superar los dos salarios básicos unificados por mes para los trabajadores en general del sector privado, de conformidad con la norma técnica que para el efecto expida el Ministerio rector.
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