El Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga en la Comisión de Régimen Económico, presentó una serie de observaciones y recomendaciones orientadas a atacar los delitos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Sugirió que la normativa lleve como nombre Ley de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
El financiamiento del terrorismo debe ser incluido en la ley, delito que se halla tipificado en el artículo 367 del COIP y que, además, GAFI recomendó que los países miembros incluyan en su legislación como delito al “financiamiento del terrorismo”.
Dijo que no le correspondería al Ministerio del Interior hacer investigaciones sobre estos hechos, porque la especialización viene de un trabajo interinstitucional de las entidades que hacen trabajo en materia de lavado de activos, que actualmente es el Consejo de Lavado de Activos (CONCLA) donde está el SRI, Senae, Superintendencias de Bancos, de Economía Popular y Solidaria, de Compañías y Seguros, Ministerios de Finanzas, del Interior, Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, por lo que una investigación tan especializada no puede estar en manos de la Policía, tras aclarar que esa facultad de investigación le corresponde a la Fiscalía.
En este marco, sugirió que la Unidad de Análisis Financiero esté adscrita al Ministerio de Finanzas, porque permitirá mejorar el desarrollo de estrategias para la obtención, análisis y detección de operaciones financieras sospechosas; mayor eficiencia en el uso de los recursos a través de una mejor coordinación interinstitucional; información óptima que ayude a tomar decisiones a las autoridades respecto a la Inteligencia Financiera.
En otro orden, indicó que el proyecto no reforma el capítulo II de la ley vigente referente a la Unidad de Análisis Financiero como dependencia competente para receptar toda clase de información y reportes relacionados con los delitos de lavado de activos y el financiamiento de delitos, por tanto, la ley no puede trasladar esta responsabilidad y atribución que tiene la UAF a ninguna otra entidad.
Así mismo, indicó que el artículo innumerado añadido a continuación del artículo 3 de la ley en mención, determina los sujetos obligados a informar a la UAF, sin embargo, en la propuesta se excluye varios sectores obligados, lo cual significaría a un retroceso al objetivo que es ampliar los sujetos obligados a informar.
Al referirse a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, expreso que no tiene atribuciones legales para regular a todos los sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero, pues quedaría excluida la participación de instituciones importantes como el Consejo de la Judicatura, el SRI y la Senae para detectar el lavado de activos sería inconveniente.
Señaló que el proyecto determina que la rectoría en materia de investigación de los delitos de lavado de activos y financiamiento de delitos, lo ejercerá el Consejo Directivo del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esta institución se creó para coordinar las ciencias forenses con las técnicas investigativas de la Policía, es decir, no tiene nada que ver el tema de lavado de activos, aseveró.
Galo Chiriboga dijo que a la Fiscalía llegaron 45 reportes de la Unidad de Análisis Financiero, de los cuales hay 3 sentencias y el resto están en proceso de indagación. Precisó que esta Unidad debe ser fortalecida para generar mayor apoyo a la Fiscalía y, por tanto, debe tener independencia, lo cual implica recursos financieros, que los oficiales de cumplimiento estén más relacionados con el sistema de la UAF y de la Fiscalía para que haya un doble control; mantener programas sostenidos que permitan capacidad técnica de investigación de todas las tramas que sobre lavado de activos se desarrollan, así como recursos altamente cualificados en cuanto a talento humano; instrumentos tecnológicos que les permita hacer las investigaciones que requieran y fortalecer el conocimiento especializado en peritajes.
JLVN/pv
