La definición de la política y regulación en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos debería ser atribución de un solo organismo, con facultades para regular a todos los sectores, dijo el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, Hugo Jácome, al precisar que es necesario ampliar las competencias de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera para que pueda regular a otros sectores, ya que el objetivo central es prevenir y desincentivar prácticas fraudulentas, incluido el lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo.
Este pronunciamiento lo hizo durante su comparecencia en la Comisión de Régimen Económico que analiza el proyecto de Ley para Prevenir y Erradicar el Lavado de Activos.
Conviene determinar quién define la política, en qué parte se investiga, quién debe hacer el control y clarificar y definir qué tipo de institucionalidad puede funcionar para lograr los objetivos del proyecto, aseveró.
Señaló que uno de los elementos que se proponen en el proyecto es derogar el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos para la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera asuma la rectoría. Si bien el Código Orgánico Monetario y Financiero establece algunas atribuciones a esta entidad, hay que ampliarlas para abarcar a otros sujetos que no están incorporados como las compañías y fundaciones para lograr el efectivo control y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por lo que consideró necesario reformar el Código.
Recordó que no le corresponde a la Unidad de Análisis Financiero la investigación del delito. Tiene funciones relacionadas con el control y prevención por lo que no debería responder a un Consejo, ya que podría existir contradicciones entre las políticas emitidas por la Junta y el Consejo.
El Superintendente indicó que en el proyecto se establece que la UAF esté adscrita al Ministerio del Interior, pero la investigación de tipo policial tiene el riesgo de concentrarse en la investigación del delito, cuando la Unidad tiene un enfoque preventivo que reporta alertas sobre posible existencia del delito. Al ser parte de un Ministerio del Ejecutivo está expuesta a conflicto de intereses y debilitaría su independencia, agregó.
Hugo Jácome dijo que en el proyecto se menciona la prevención del financiamiento de delitos y no del terrorismo, como está tipificado en el artículo 366 del Código Integral Penal.
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