A la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social acudió el presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), Gustavo Baroja, quien expuso algunas observaciones a las propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), producto de la enmienda constitucional aprobada por el Legislativo el pasado 3 de diciembre.
Desde la entidad que agrupa a los gobiernos autónomos provinciales, su presidente indicó la necesidad de efectuar algunos cambios a la normativa. Se sugirieron modificaciones a los artículos 2, 3, 58, 94, además de la inclusión de una disposición transitoria.
Gustavo Baroja se refirió al techo salarial de las prefecturas que, según la ley, está dispuesto por el Ministerio de Trabajo. Indicó estar de acuerdo con la normativa según la cual ninguna autoridad de provincia puede sobrepasar el salario del Presidente de la República. “Sin embargo, creemos conveniente que, fijándose ese techo, nos permitan a los gobiernos provinciales tener la autonomía de mantener nuestra propia estructura salarial, que responda a nuestra realidad económica, a las características de nuestras provincias, que responda claramente a esas verdades que tenemos en el territorio y no a aquellas que, de pronto, se puedan hacer desde un computador. Además, creemos que no se deben tener diferenciación de ninguna naturaleza en el cuadro directivo de los gobiernos provinciales”, dijo.
Las entidades asociativas de los gobiernos autónomos, según señaló el Presidente del CONGOPE, deben tener su estructura sin sobrepasar los límites fijados por las máximas autoridades de los correspondientes niveles de gobierno. No hay una sindéresis en el tema, dijo. Esas entidades se están rigiendo por otras normativas y, obviamente, sus responsabilidades no son solo de carácter provincial sino de carácter nacional, añadió.
Gustavo Baroja mostró su desacuerdo en cuanto a la imposibilidad que tienen actualmente los empleados de contrato de poder efectuar sus estudios debido a que dicho derecho se concede únicamente a quienes posean un nombramiento y para quienes lleven más de un año dentro de una institución. “Eso es absolutamente injusto y rompe con la misma Constitución”, recalcó.
Se refirió a la interculturalidad en el sentido de que ésta debería manejarse en doble vía. “Cuando vamos a las escuelas donde la mayoría de la población es indígena, ellos por obligación deben aprender el castellano, pero para los mestizos no hay ninguna obligación de aprender el kichwa o el shuar o alguna de las lenguas nativas. Desde la administración pública pensamos que, si bien no deba ser un requisito, desde la institucionalidad pública podríamos garantizar esto como una necesidad. Con ello estaremos respondiendo a la definición clara que la Constitución hace de nuestro Estado”, puntualizó.
Finalmente se refirió a la necesidad de garantizar el derecho a la huelga de los servidores públicos. “Cuando se calificó la enmienda se garantizó derechos fundamentales como es el derecho a la sindicalización y el derecho a la huelga. Pero debe definirse un instrumento que permita que puedan ejercer ese derecho sin lesionar los derechos fundamentales de la Constitución”, precisó.
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