La Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua garantiza el acceso al agua como recurso humano y permite la regularización y control de lo referente a la autorización, gestión, preservación, conservación, restauración de los recursos hídricos, así como los usos y aprovechamiento del agua, la gestión integral y su recuperación en sus distintas fases, formas y estados físicos.
A casi dos años de su aprobación, la evaluación acerca de la norma que sustituyó a la ley del año 1972 continúa siendo positiva en las voces de quienes, en busca de garantizar el sumak kawsay, participaron en su construcción en las diversas provincias del país.
“Nosotros nos motivamos a apoyar la lucha por la aprobación de esta ley porque estábamos preocupados por la disminución del agua en los sectores más altos de las comunidades, en los páramos donde se produce el agua. Ahí se estaba alargando la frontera agrícola, se estaba convirtiendo en tierras de agricultura a nuestros páramos. La nueva ley lo que hace es delimitar hasta dónde es tierra en la que se puede sembrar para poder conservar el páramo que es el colchón del agua, de las cuencas y de los ojos de agua que están ahí”, dice José Agualsaca, presidente de la Confederación de Pueblos, Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador (FEI).
Recuerda claramente que en sus épocas de niñez y adolescencia había mucha agua en los páramos y que, con el pasar de los años, esta fue disminuyendo por varios factores como el crecimiento demográfico y la inexistencia de una norma que regule el reparto de las tierras. “Las comunidades fueron entregando indiscriminadamente las tierras, inclusive las de las zonas altas donde habían fuentes de agua. “Hoy la norma determina el uso comunal de la tierra y la no privatización del recurso”, señala.
El líder de la FEI está consciente de que tanto la tierra como el agua estuvieron durante décadas en manos de latifundistas y grandes productores y sin ningún tipo de control por ello se congratula al señalar que hoy el Estado, mediante la nueva ley, impide que este recurso se privatice y determine los caminos para su uso y propiedad.
“Por ejemplo en Columbe, Chimborazo, no había un orden jerárquico del manejo del agua. Cualquiera podía pedir al Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI) la concesión de tierras. Ellos daban sin problemas y eso generaba conflictos internos en la comunidad. Con la nueva ley eso está ya normado y solo la comunidad puede ser la dueña de las tierras”, dice.
Añade que la antigua Ley de Aguas tenía más de 40 años de vida y ya no estaba acorde con la realidad del campo. “La ley actual es democrática y permite la regulación del recurso así como su redistribución para el consumo humano y para la producción y productividad”, menciona.
José Agualsaca destaca que la nueva ley brinda competencias a las juntas de agua potable, a las juntas de regantes, a las comunidades indígenas, permitiendo la participación y la decisión de la gente en un tema trascendente para el país.
Cuenta que en la parte alta la debilidad del pequeño y mediano productor siempre fue el carecer de sistemas de riego. “Ahora, una vez aprobada la ley y mediante la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) se está iniciando un proceso de construcción de sistemas de riego muy importantes para el país. Esta entidad en la actualidad aprueba todos los estudios y luego encamina a los consejos provinciales a ejecutar los proyectos. Inclusive sabemos que, al momento, ya está levantando un censo de usuarios a nivel nacional. Eso es un gran avance”, puntualiza.
José Agualsaca se siente satisfecho de haber participado activamente en la construcción de la normativa. “Nosotros, nuestros compañeros, a lo largo de estos años hemos participado activamente en todos los momentos de la ley. Hemos adoptado al diálogo como el mejor mecanismo para llegar a acuerdos que nos beneficien a todos. Fruto de esas conversaciones el Estado decidió conceder a nuestras organizaciones y comunidades más de 6 mil hectáreas”, menciona.
Reafirma que ahora corresponde continuar la lucha para lograr poner en vigencia todos los contenidos de la norma. “Está bien la aprobación de esta ley. Eso ahora es nuestro respaldo pero es nuestro deber, como campesinos e indígenas, permanecer vigilantes y en lucha para que todo se concrete”, finaliza.
EF/pv
