La Comisión de Participación Ciudadana se reunirá mañana a las 12:00, para revisar y analizar la matriz de observaciones y propuestas a Ley Orgánica de la Función Legislativa, así como el convenio que se suscribirá entre la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana.
La comisión ha recibido propuestas de reformas a la Ley de la Función Legislativa por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, así como de los legisladores Raúl Auqilla, Cynthia Viteri, Henry Cucalón, Wilson Chicaiza y Marisol Peñafiel.
Los asambleístas piden que se cambie el artículo seis sobre los órganos que conforman la Asamblea Nacional. En la ley actual consta que es el Pleno, la Presidencia, el Consejo Administrativo de la Legislatura, las comisiones especializadas, la Secretaría General, la Unidad Técnica Legislativa; y, los demás que establezca el Pleno.
Gabriela Rivadeneira propone que también se incluya a órganos asesores como la Unidad Técnica Legislativa, la Unidad Técnica de Fiscalización y la Unidad de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado. Esta última unidad también es parte de la propuesta de Marisol Peñafiel.
Otro de los artículos que está en discusión para reforma es el 18, relacionado con la cesación de dignidades para presidenta o presidente, vicepresidentes o vicepresidentas, así como de vocales de la Asamblea Nacional. Gabriela Rivadeneira considera que debe sustituirse por “vocales del Consejo de Administración Legislativa”.
Los demás cambios tienen que ver con la conformación de la Comisión de Fiscalización, las funciones de las presidentas o presidentes de las comisiones, la función de la Unidad Técnica Legislativa, entre otras reformas.
En cuanto al convenio con el Consejo de Participación Ciudadana, éste tiene por objeto establecer vínculos de cooperación entre las dos instituciones para promover e incentivar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos.
De igual manera el acuerdo busca estimular los procesos de debate público y establecer mecanismos de difusión que propicien la participación ciudadana en la construcción de leyes, receptando aportes ciudadanos; y, una vez aprobada una ley, se socialicen las normas legales aprobadas.
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