La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, retomó el tratamiento del proyecto de Código Orgánico Administrativo. El abogado Jaime Villacreses, del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social, expuso sus puntos de vista al respecto.
Solidaridad y preocupaciones
Previamente, los comisionados se solidarizaron con los afectados y damnificados por el terremoto del 16 de abril, al coincidir en la necesidad urgente de definir mecanismos para desarrollar una cultura de buena calidad de las construcciones. También expresaron su preocupación por los hechos registrados en la población de Alluriquín.
Mauro Andino, presidente de la comisión, comentó que es inaudito que en dos casas que están juntas, la una se haya venido abajo y la otra quede intacta, por tanto, los GAD tienen responsabilidad en las autorizaciones de uso de suelo para permitir edificaciones. Lamentablemente se ha convertido en práctica común pagar la multa, no aprobar planos, dijo.
El legislador Gabriel Rivera se mostró partidario de definir sanciones enérgicas en el Código Penal para aquellas personas que loticen en zonas de riesgo, los que construyen sin acatar las normas técnicas básicas, a las personas que otorguen esos permisos sin cumplir requisitos y a quienes no hacen cumplir la normas.
De su lado, Miguel Moreta agradeció el respaldo ante la situación de Alluriquín, al precisar que 200 casas fueron afectadas por el terremoto en Santo Domingo. Sugirió analizar los múltiples trámites que exigen los municipios para autorizar las construcciones.
Gina Godoy comentó que el caso de las viviendas afectadas y otras destruidas, a propósito del movimiento telúrico, pone a debate la responsabilidad de las autoridades locales.
Un clamor de la academia
El abogado Jaime Villacreses sostuvo que el Código Orgánico Administrativo es un clamor de la academia, de los jueces contenciosos administrativos, de todos los personeros que han estado involucrados en el desarrollo de la actividad administrativa.
El proyecto tiene que garantizar el funcionamiento eficiente de la administración y la tutela de los derechos de los ciudadanos, subrayó, al destacar que la normativa recoge el principio de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (derecho a la buena administración).
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