“Lo ocurrido en Manabí y Portoviejo es tan grave, que se necesitará de mucho tiempo para recuperarnos”, así empezó su intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional, Marcelo Farfán, rector de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, quien aseguró que es necesario que La Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad tenga el carácter de orgánica, con el objetivo de que dure el tiempo que se ocupe en la reconstrucción. “Si no es así se corre el riesgo que alguien venga la eche abajo y quedemos en nada”, dijo.
Además, dentro de las propuestas de Farfán, se habla que se incorpore en la ley la conformación del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva creado mediante Decreto Presidencial. Además aseguró que es necesario que la Secretaría Técnica que forma parte del Comité de Reconstrucción tenga su sede en Portoviejo, como órgano técnico y que lo dirijan manabitas que residan en esa provincia.
Propuestas económicas
Dentro del tema económico, Farbán propuso que los recursos que alimentan la cuenta creada por el Ministerio de Finanzas para la reconstrucción y reactivación productiva de Manabí y el sur de Esmeraldas tenga uso exclusivo para estos menesteres y dijo que en caso de desviarlos para otros motivos se lo considere como delito penal de peculado. “Además es necesario que se ocupe mano de obra local, tanto en Esmeraldas como en Manabí, pues necesitamos circulante y esas son fuentes de trabajo importantes”, dijo.
Otro de los pedidos fue que se suspendan en la Ley de Seguridad Social durante dos años los efectos jurídicos por los intereses, recargos y multas por prestación de servicios médicos en mora. Además, solicitó que en las dos provincias afectadas por el terremoto se reduzca por dos años el valor final facturado del kilovatio hora de uso domiciliario, comercial, agropecuario e industrial a 6 centavos y que los convenios de pago no tengan intereses ni recargos, suspendiéndose acciones coactivas por este motivo.
Líneas de crédito
Dentro de los créditos, sugieren que sea la Corporación Financiera Nacional la que cree y asigne una línea especial de crédito blando, a 10 años plazo, con 2 años de gracia, 3% de interés anual, por 150 millones de dólares, que podría ampliarse según las necesidades, para destinarse única y exclusivamente a la reactivación productiva, pesquera, artesanal, comercial de pequeños y medianos productores, a través de la banca privada con sucursales y agencias en Manabí y Esmeraldas. Piden además que las instituciones financieras reestructuren los créditos vencidos, a un plazo mínimo de dos años con seis meses de gracia.
Exoneraciones
Dentro del pliego de peticiones está que la Superintendencia de Bancos expida una resolución por la cual exima de multas a todos los cheques protestados después del 16 de abril y hasta el 15 de mayo de 2016, con origen en las zonas afectadas por el terremoto y que no se afecte el historial crediticio de los clientes. También aseguró que en el caso de ser necesario se suspenda de forma temporal la jornada de trabajo por hasta seis meses, tiempo durante el cual no se generarán obligaciones entre las partes. Una vez que el empleador recupere la capacidad económica deberán reiniciar las actividades con los mismos trabajadores. “Durante el tiempo que dure la suspensión a partir del día 31, podrá solicitar ante el IESS sus fondos del Seguro de Desempleo o Cesantía, añadió.
“Es un pedido de todos quienes vivimos en Manabí y el sur de Esmeraldas que los valores que genere el incremento al Impuesto al Valor Agregado sea para quienes viven en estas zonas. Además es vital que todos los procedimientos coactivos iniciados por las instituciones públicas antes de terremoto se suspendan por dos años. También se debe pensar en la remisión de los intereses y recargos derivados de obligaciones tributarias y fiscales no solo a quienes hayan sido afectados en sus activos, sino también en giro de sus negocios”, aseguró.
MC/pv
