Esta tarde fue intensa en el Pleno de la Asamblea Nacional. El primer debate del proyecto de Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad que se analiza en el Parlamento, se centró en el antes y después del terremoto del pasado 16 de abril y el por qué es necesario tomar medidas temporales, que es lo que contempla el proyecto.
Para la asambleísta Blanca Argüello, no solo es necesario pensar en los grandes empresarios, sino también en los pequeños productores y comerciantes, para reactivar la economía de las zonas devastadas por el sismo. “Deberíamos tener mecanismos para inyectar recursos a la Economía Popular y Solidaria, porque son los pequeños comerciantes quienes generan recursos diarios que mueven la economía”, dijo.
El planteamiento que hizo la asambleísta Rosa Elvira Muñoz para que los municipios de las zonas afectadas realicen un nuevo catastro se hizo eco. La idea es que hagan evaluaciones para actualizar las cifras y lo que deberían pagar quienes perdieron bienes inmuebles. “Los catastros tienen registros de cuando habían casas y muchas ya no están, por lo que los valores cambian”, explicó la legisladora.
Extender beneficios a toda Esmeraldas
Otra moción que se escuchó en reiteradas ocasiones es que se debería darle el mismo tratamiento que a Manabí y a Muisne, a toda la provincia de Esmeraldas, pues según Alexandra Ocles, esta debe ser una oportunidad para el desarrollo. Dijo además, que las medidas que plantea el proyecto son necesarias. “Las contribuciones por utilidades y patrimonio serán por una sola vez, por lo que no existe golpe a las clases populares. Además existen incentivos tributarios para quienes hagan inversiones en Manabí y las zonas afectadas”, expresó.
La asambleísta Cynthia Viteri aseguró que el camino para reconstruir Manabí y el sur de Esmeraldas no es el alza en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Puso el ejemplo de Bolivia, que según aseguró tiene 16 mil millones de ahorros para enfrentar este tipo de tragedias. Propuso como alternativas la renegociación de la deuda externa, obtener líneas de crédito y la venta de activos del Estado, como los medios de comunicación incautados.
En el debate también se planteó la idea de que Muisne sea declarada como Zona Protegida, como una apuesta al ecoturismo, con al apoyo de todos los niveles de gobierno.
Varios asambleístas pidieron que en la ley se contemple que la cuenta específica para la reconstrucción de las provincias afectadas sea la herramienta para hacer un seguimiento a los recursos recaudados para este proceso. “Los informes trimestrales que propone el proyecto son importantes, pero nosotros como asambleístas debemos fiscalizar esos recursos para que se conozca cómo se invierten”, manifestó Alexandra Ocles.
Asambleístas como Luis Tapia, Gilmar Gutiérrez y Antonio Posso, coincidieron en que sí existen propuestas alternativas y mencionaron la venta de algunos activos, como el Banco del Pacífico. Además la subasta de los medios incautados, la venta de TAME y del 38% de las acciones del Estado en la Cementera Nacional y que se pida la moratoria del pago de la deuda externa.
Para la asambleísta María Augusta Calle es necesario que la ley sea orgánica. "Se garantiza transparencia en el manejo de los recursos que se recauden", añadió.
“Para trabajar en la reactivación y la reconstrucción de las ciudades devastadas, los cinco años de exoneración de Impuesto a la Renta podrían quedar cortos. Van a migrar a otros sitios y se necesita extenderles una mano”, dijo Christian Viteri
Además pidió que se establezcan políticas de crédito, con un procedimiento agresivo de préstamos para los más chicos, que pueden salir de diversas fuentes de financiamiento.
También hubo varias coincidencias en la necesidad de establecer una zona especial de desarrollo económico, en donde se cumpla lo que establece el Código de la Producción con los incentivos tributarios para ejecutar actividades de tecnología e innovación, establecer industrias, servicios logísticos, creación de clusters para comercializar materiales de construcción y otras alternativas económicas.
MC/pv
