La Asamblea Nacional se apresta a debatir dos importantes leyes para promover la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril en Manabí y Esmeraldas: la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo y la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana por los Afectados del Terremoto.
La presidenta del Parlamento, Gabriela Rivadeneira, en el programa radial “Contigo de Ley” de este martes, explicó que luego de la evaluación realizada por las autoridades tras el sismo, se determinó que hubo más de 7 mil casas y edificaciones que colapsaron debiendo ser destruidas, mientras que 2.700 fueron afectadas y no prestan garantías, en muchas ocasiones por falta de calidad en las construcciones, lo que ocasionó pérdidas materiales y humanas.
“Eso es algo doloroso que nos deja muchas lecciones”, precisó, tras lo cual confirmó que la Asamblea Nacional retomará hoy el segundo debate de la Ley de Ordenamiento Territorial, con el fin de dotar a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de una herramienta que les permita tener mayores controles a las construcciones, así como una verificación de las zonas en donde se las edifique y, de este modo, garantizar la seguridad de las personas, especialmente ante catástrofes naturales.
“He presentado la semana pasada algunas observaciones a la Comisión –de Gobiernos Autónomos- como asambleísta de la República, en el sentido de mejorar y fortalecer los planes de desarrollo y ordenamiento territorial por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, reducir los factores de riesgo para los ciudadanos, para que de manera obligatoria, en todos los cantones, los permisos para edificar se aprueben cuando se cumplan los estándares de seguridad”, apuntó.
La ley propone la creación de una Superintendencia que vigile la calidad de la construcción de vivienda en los territorios, indicó Gabriela Rivadeneira. Recordó además que durante el primer debate, en el año 2015, existieron voces, especialmente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), que cuestionaron la normativa justificando una supuesta afectación a la autonomía municipal. En ese sentido, especificó que la Superintendencia lo que haría simplemente es vigilar las fallas que puedan tener ciertos GAD en el control a las construcciones deficientes en el marco de un ordenamiento y planificación propia. “Respetamos absolutamente las autonomías municipales, sin embargo sabemos que tenemos que actuar con responsabilidad y los municipios que cumplan no tienen porqué preocuparse”, adicionó. Enfatizó que las leyes de plusvalía y de herencias no están en la Asamblea y no constan en ningún proyecto de Ley.
Ley de Solidaridad no incrementará costo de combustibles
En el programa, la Presidenta de la Asamblea Nacional confirmó que la Comisión de Régimen Económico tiene listo el informe acerca de la Ley Solidaria y Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto para el segundo debate que se realizará este jueves.
Al respecto, comentó que de la misma forma en que otros países han enfrentado las catástrofes, el Estado ecuatoriano busca, conjuntamente con los GAD, canalizar los recursos a la reconstrucción y a levantar las zonas devastadas, por medio de la Ley Solidaria. Esta normativa plantea un mecanismo para subir el dos por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), no obstante, enfatizó la Titular del Legislativo, no se grava al 90% de los productos de la canasta básica ni medicamentos. “Es decir que no afecta a los productos de consumo masivo e indispensables para las familias ecuatorianas”, puntualizó.
La presidenta Gabriela Rivadeneira fue enfática en señalar que el 2% de incremento del IVA que correspondería a la gasolina y al gas no afectará a los consumidores, pues lo asumirá el Estado, dentro del subsidio que otorga a los combustibles. “La resolución de la comisión, luego de que votaron por la tarde el informe para segundo debate, fue justamente que ese 2%, en tema de IVA a la gasolina, sea aplicado al subsidio que da el Estado –a los combustibles- para que no recaiga en el precio de venta al público”, puntualizó.
Recordó que, por ejemplo, en Chile, tras el terremoto de 2010, se establecieron ciertos impuestos temporales para recaudar 2.800 millones, mientras que en Japón, en 2011, se incrementó del 5 al 10% el Impuesto sobre la Renta de las empresas. Citó que en Ecuador, en 1949, luego del terremoto de Ambato, también se aplicaron impuestos a los cigarrillos y al alcohol; mientras en 1987, tras el sismo con epicentro en el volcán Reventador, se impusieron medidas como el aumento del precio de la gasolina.
La Ley de Solidaridad busca que quien más recursos tiene aporte más, por lo que plantea un impuesto, por una sola vez, del 0,9% sobre el patrimonio igual o mayor a un millón de dólares, mismo que incluye todos los bienes y el patrimonio y se aplicaría a 4.088 personas. Plantea además otras medidas de corresponsabilidad ciudadana, como el que los trabajadores que ganen a partir de los mil dólares aporten un día de salario. “Son medidas diferenciadas porque no podemos aplicar una medida que afecta a la clase media o a la clase más pobre del país, en donde sabemos que tenemos el reto de la salida de la pobreza”, argumentó.
Por otro lado, la titular del Legislativo reiteró que la Asamblea ha aprobado un 35% de leyes orientadas al sector productivo, como la Ley de Incentivos al Sector Productivo que establece la excepción del pago del Impuesto a la Renta de 5 años para nuevos emprendimientos, o el Código Monetario que establece que la Banca Pública y Privada establezca líneas de crédito a empresas. De manera paralela a estas iniciativas, mencionó, la Asamblea Nacional tiene en agenda normativas como las Leyes de Pesca, de Defensa del Artesano o de Turismo para incentivar las industrias del país. “No es una sola ley, sino un conjunto de normativas que reactiven la actividad productiva del país”, comentó.
Al referirse a administración de los recursos que se generen tras la aprobación de la Ley, la principal del Parlamento explicó que se creará una subcuenta, dentro de la cuenta única del Estado para canalizar la recaudación de recursos con el fin de atender a la población afectada. Esta cuenta será fiscalizada trimestralmente por parte de la Asamblea Nacional.
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