El informe para primer debate de los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa estaría listo a finales de este mes, informó la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Johanna Cedeño, que trata este tema. Lo hizo durante la comparecencia de seis legisladores, quienes acudieron para sustentar los proyectos de reformas que plantean sobre este tema. Asistieron la presidenta, Gabriela Rivadeneira, y los asambleístas Raúl Auquilla, Henry Cucalón, Mae Montaño, Wilson Chicaiza y Marisol Peñafiel.
Todos coincidieron en la necesidad de actualizar la norma para mejorar algunos procesos de legislación y de fiscalización. “Espero que la propuesta sea, en lo posible, de consenso y tenga la mayor cantidad de apoyo. Analizaremos también observaciones que legisladores de todas las bancadas han realizado”, agregó Johanna Cedeño.
Las propuestas de estos legisladores se sumarán al proyecto de la presidenta Gabriela Rivadeneira, quien, entre otras propuestas, plantea que se incluya en la ley procesos como la consulta prelegislativa y el tratamiento oficial de temas sobre los derechos de la movilidad humana, a través de la Comisión de Relaciones Internacionales. En fiscalización sugiere que se incorpore un registro oficial de solicitudes de información, tal como la actual administración ha venido haciendo. “Pedimos que se considere este tema porque en la práctica está funcionando”, sostuvo.
“Es necesario actualizar la legislación, que brinde normas precisas y efectivas que respondan a los reales desafíos a los que se ve avocada esta institución”, aseveró Wilson Chicaiza. Este legislador propone agregar al final de artículo 22, sobre la conformación de la Comisión de Fiscalización, un inciso que diga que esta comisión estará integrada por un representante de cada una de las bancadas legislativas y movimientos o partidos políticos de carácter nacional que tenga representación en la Asamblea.
Por su parte, Raúl Auquilla plantea eliminar la posibilidad de archivar los proyectos de ley en primer debate y de esta forma abrir mayores discusiones en la emisión de leyes. Así mismo, que en el tratamiento de proyectos sea la Comisión Especializada, y no el ponente, el que recoja las observaciones en segundo debate. Con este criterio coincidió el asambleísta Henry Cucalón, quien considera que la comisión respectiva debe analizar y recoger las observaciones.
Para Cucalón, el objetivo de su propuesta es fortalecer el rol de la fiscalización. Dijo que la actual normativa presenta ciertas trabas en su contenido que impide que las y los asambleístas puedan ejercer el control político, en vista de que considera a la Comisión de Fiscalización como última instancia para decidir el archivo de un determinado enjuiciamiento político, cuando debería ser el Pleno. Por lo tanto, sugiere que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa se determine que todo funcionario que tenga el rango de Ministro de Estado esté sujeto al control político de la Asamblea Nacional.
También pide que se reduzcan los plazos para las solicitudes de información que realizan los legisladores, así como los procesos de enjuiciamiento político.
A Marisol Peñafiel le preocupa que en la ejecución del Presupuesto General del Estado se cumplan los mandatos constitucionales, en especial en la atención a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por lo que pidió que la Unidad de Control de Ejecución del Presupuesto General del Estado, creada en el orgánico funcional de la Legislatura, se incluya en la ley. El propósito es que cumpla tres roles específicos: vigilar el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales; proveer información, análisis, asesoría e investigación; y, aprobar la construcción y aprobación de leyes, evaluando técnicamente las propuestas de política a tratar.
Mae Montaño propone cambios sobre los órganos que conforman la Asamblea, sobre la instalación y funcionamiento del Pleno, funciones y atribuciones de la o el presidente de la Legislatura, entre otros temas.
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