Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional abrió la sesión del Pleno hoy, y resumió en 10 minutos los cambios y las propuestas acogidas al proyecto de Ley Solidaria y de Corresponsabilidad, que pretende recaudar los fondos necesarios para la reconstrucción y la reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril.
En el lado de quienes están en contra de la propuesta la mayoría habló que en épocas de recesión no es conveniente aumentar impuestos, mientras quienes están a favor replicaron con un argumento simple: en el momento actual es necesaria la medida, porque las zonas afectadas tienen derecho a reconstruir sus ciudades, cantones y parroquias y el apoyo de todos quienes habitan el país es vital.
El primero en intervenir fue el asambleísta Carlos Bergmann, para quien las secuelas del terremoto lo sacuden en primer plano, pues su provincia, Manabí, es la más afectada. Para Bergmann este proyecto no es a favor ni en contra del Gobierno y propuso que se establezca una política pública para créditos de vivienda y producción y dijo que es necesario especificar que esos créditos serán para los afectados por el terremoto. Además, se refirió al artículo 14 del proyecto y solicitó que se especifique que los incentivos sean para todas las zonas afectadas, no únicamente para Manabí y Muisne. Además, señaló que es necesario que todos los beneficios tributarios se apliquen para promover la inversión nacional y extranjera en las zonas devastadas.
La realidad de Santo Domingo de los Tsáchilas
Los asambleístas de Santo Domingo de los Tsáchilas, Mary Verduga, Miguel Moreta y Johanna Cedeño (foto) resumieron así el sentir de quienes viven en esa provincia: “Santo Domingo de los Tsáchilas no puede quedar fuera de la ley. Primero fue el terremoto y nueve días después el río Damas se desbordó llevándose todo a su paso en Alluriquín. Por eso pedimos que se incluya a todas las zonas afectadas”, dijeron.
Ellos hablan de 1028 viviendas afectadas, más de 400 derrocadas y la atención a miles de damnificados que llegaron desde las provincias de Manabí y Esmeraldas. Ahora aseguran que deben preparar a la provincia para que preste las condiciones necesarias para acoger a quienes decidan quedarse, pues en los registros constan 700 niños de las provincias afectadas matriculados en el sistema escolar de Santo Domingo. “Por eso es necesario que se regrese a ver a Santo Domingo, en donde también hay destrucción. En Alluriquín hay gente que no tiene donde vivir y no encontraron albergues porque estaban ocupados por nuestros hermanos manabitas y esmeraldeños”, dijo Miguel Moreta. Mientras que Johanna Cedeño, aseguró que es necesario que el apoyo directo y las exoneraciones cobijen a todas las zonas afectadas, porque en Santo Domingo también hay graves destrozos.
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