Alrededor de 50 artículos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa fueron analizados hoy en la Comisión de Participación Ciudadana. Esto como parte del estudio que realiza la mesa a las reformas presentadas por siete asambleístas, en los ámbitos administrativo, de legislación y fiscalización. La comisión espera tener el informe para primer debate a fines de este mes.
Según el cronograma y metodología que lleva adelante este organismo, después de recibir en comisión general a los proponentes de estos proyectos, se realiza un examen comparativo, para definir en qué artículos hay coincidencias y en cuáles existen discrepancias, para estudiarlos e ir resolviendo los nudos críticos. La presidenta Gabriela Rivadeneira y los legisladores Raúl Auquilla, Cynthia Viteri, Henry Cucalón, Wilson Chicaiza, Marisol Peñafiel y Mae Montaño son quienes han presentado las iniciativas.
El debate inició con la discusión sobre los órganos que conforman la Asamblea Nacional. Gabriela Rivadeneira propone que además del Pleno, la Presidencia, el CAL, las comisiones especializadas y la Secretaría General, también se incluya a la Unidad Técnica de Fiscalización, mientras que Marisol Peñafiel sugiere que se ubique también a la Unidad de Control de Ejecución del Presupuesto del Estado.
También pide cambios en las temáticas que tratan las comisiones. Entre ellas llama la atención la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, a la que la presidenta pide que se incluya el tema de Movilidad Humana. En cuanto a la conformación de las comisiones Gabriela Rivadeneira propone que en la de Fiscalización debe estar una o un asambleísta perteneciente a cada una de las Comisiones Especializadas Permanentes, con excepción de quienes integran el Consejo de Administración Legislativa.
En lo que coinciden Gabriela Rivadeneira, Marisol Peñafiel y Mae Montaño es la reforma al artículo 31, en el que se incluye una nueva sección y un artículo innumerado que haga referencia a la Unidad Técnica de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado y sus objetivos, entre ellos efectuar el seguimiento y análisis de la ejecución del Presupuesto General del Estado.
Que se incluya una causal para pérdida de la calidad de asambleísta, vinculada a las inasistencias a sesiones de Pleno y de comisión, es otra de las propuestas de la Presidenta. Para esto sugiere aumentar un inciso en el artículo 163 que determine que “también perderá su condición de tal, la o el asambleísta que registre un 40% de inasistencias durante un mes, tomando en consideración el total de sesiones convocadas al Pleno y a la comisión especializada a la que pertenece, salvo que su ausencia sea justificada de conformidad con el reglamento que el Consejo de Administración Legislativa dicte para el efecto”.
Sobre los deberes de los legisladores, con la reforma, Gabriela Rivadeneira propone que los mismos rindan cuentas anualmente; promuevan, canalicen y faciliten la participación social, asistan puntualmente a sesiones y actúen en el Pleno, en la forma y términos que se establecen en esta ley y en reglamentos.
Incluir en la norma el derecho de licencia por vacaciones para el Presidente de la República plantean Gabriela Rivadeneira y Mae Montaño. Esto se hace posible con la reforma al artículo 42.
En cuanto a formalización de la consulta legislativa, la presidenta plantea cambiar el artículo 60 incluyendo un inciso que determine que en caso de que el informe de la comisión especializada establezca que las y los asambleístas indistintamente podrán mocionar al Pleno de forma fundamentada la realización de la consulta prelegislativa, cuando exista afectación directa de los derechos colectivos. Esta es una propuesta que ya tiene acogida, puesto que se trata de la formalización de un proceso que ya se venía ejecutando mediante Reglamento.
Sobre los pedidos de información, la titular de la Legislatura propone que se reforme el artículo 75 sobre el procedimiento de solicitudes de información. Sugiere que se incluya un artículo innumerado que diga que en virtud de lo que establece el artículo 120 numeral 9 de la Constitución de la República y el numeral 1 del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los pedidos de información de las y los asambleístas serán tramitados a través de la Presidencia de la Asamblea Nacional.
Calificación de la solicitud de indulto o amnistía, tratados que requieren aprobación de la Asamblea Nacional, fuero de corte, inmunidad parlamentaria, son otros de los temas que se trataron en la comisión esta tarde.
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