Otro proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa se presentó a la Asamblea. La parlamentaria Liliana Guzmán es la autora de esta nueva propuesta. En la Comisión de Participación Ciudadana ya se debaten siete iniciativas sobre esta materia, a fin de preparar el informe para primer debate. También realiza más acciones, como talleres, para recoger los criterios de las organizaciones sociales.
Liliana Guzmán plantea reformar el capítulo cuarto, sección once, referente a la declaratoria de interés nacional de áreas protegidas y en zonas declaradas intangibles. Propone que se incluya un artículo innumerado que diga que la Asamblea Nacional, en ejercicio de su función fiscalizadora, dé seguimiento a la implementación de las resoluciones de Declaratoria de Interés Nacional.
Así mismo, sugiere que, a través de las comisiones especializadas, se emita un informe de evaluación y seguimiento, que deberá ser presentado a la o el Presidente de la Asamblea, para que lo ponga en conocimiento del Pleno. En este mismo artículo se aclara que el procedimiento para la Declaratoria y el informe se regirán bajo los lineamientos que establezca el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
La legisladora explica que la Constitución prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal; sin embargo se planteó una excepcionalidad que permite que mediante una petición fundamentada del Presidente de la República se puedan explotar los recursos ahí existentes, previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea.
“La Ley Orgánica de la Función Legislativa viabiliza la explotación de recursos naturales no renovables en áreas protegidas y en zonas intangibles a través de la Declaratoria de Interés Nacional, sin embargo no establece ninguna acción de control sobre la misma, por ello la importancia de que el seguimiento conste como mandato legal”, argumenta en su proyecto. Indica que el objetivo es asegurar que las resoluciones que se adopten cumplan estrictamente las condiciones y parámetros dictados por la Legislatura.
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