Los aportes voluntarios por parte de los asambleístas para la reconstrucción, y las contribuciones obligatorias según lo establecido por la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana por las afectaciones del terremoto, de un día hasta ocho días de salario, en ocho meses, corresponden a rubros completamente diferentes.
Las colaboraciones voluntarias fueron parte de las primeras medidas tomadas por la Asamblea Nacional, para responder de manera inmediata al terremoto del pasado 16 de abril. Por ello, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, emitió resoluciones que posibilitaron la canalización de una contribución personal y voluntaria del 10% para el Jerárquico Superior –incluidos los asambleístas-, y del 5% para funcionarios legislativos, por uno o dos meses de salario, en el marco de la iniciativa legislativa Ayudatón por Reconstrucción, a la que también se unieron empresas, artistas y ciudadanos en general.
El dinero recaudado servirá para la reconstrucción de una zona afectada por el sismo, con el aval del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva.
Es necesario precisar que varios de los asambleístas son oriundos de las provincias damnificadas, y en varios casos también resultaron afectados por pérdidas de sus seres queridos o de bienes materiales. Otros legisladores también han optado por realizar sus contribuciones directamente en las zonas afectadas, prestando su ayuda en labores de logística, recolección y clasificación de ayuda humanitaria, entre otros.
Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana
Diferente al aporte voluntario dispuesto por el CAL de la Asamblea para sus funcionarios, la Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana, aprobada por el Legislativo, establece la aportación obligatoria de un día de sueldo para todos los trabajadores públicos y privados, que ganen desde 1.000 dólares, incrementándose hasta 8 días el aporte para quienes ganen más de 20.000 dólares, en ocho meses.
En este caso, los legisladores cumplirán a cabalidad con esta medida obligatoria, aprobada por la misma Asamblea Nacional, en beneficio de los afectados por el terremoto.
Asamblea Nacional frente al terremoto
Como otra de las medidas inmediatas, luego del desastre natural, el Legislativo funcionó como centro de acopio y envió 60 toneladas de artículos que incluyeron víveres, agua, vestimenta, colchones, suministros de limpieza y medicación.
En el caso de voluntarios para apoyar el trabajo logístico en las zonas afectadas, la Asamblea Nacional envío más de 10 brigadas de trabajo, con un promedio de 20 personas por viaje, entre asambleístas y funcionarios. A su vez, la Caravana Intercultural de la Asamblea Nacional se hizo presente, hasta el día de hoy, para prestar apoyo psicológico y realizar actividades recreativas con niños y jóvenes.
Adicional a la Ley Solidaria que permitirá planificar, construir y reconstruir la infraestructura pública y privada de las zonas devastadas por el terremoto, se aprobó también la Ley de Ordenamiento Territorial que regula y controla las construcciones para que las mismas no pongan en riesgo la vida de la gente.
El 16 de abril fue declarado como Día de la Solidaridad Ecuatoriana, fecha que será celebrada cada año en memoria de las víctimas y los esfuerzos dados desde el Estado y la sociedad.
El legislativo también condecoró a héroes y heroínas del ECU 911, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Cuerpos de Bomberos que prestaron sus servicios durante y después de la emergencia.
