Varios asambleístas coincidieron en que el legislador ponente de un proyecto de ley no debe tener la facultad individual de decidir qué observaciones se acogen o no para incluir en una norma legal. Al respecto se generaron algunas propuestas. Esto como parte del primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El asambleísta Virgilio Hernández planteó que el informe final que realice el ponente sea previamente presentado y conocido por la comisión, para que fundamente las razones por las que incorporó las observaciones. Casi la misma opinión la tuvo Mae Montaño quien dijo que “cualquier cambio a ese informe tiene que venir de la comisión antes de ser votado”. “El ponente es solo el encargado de la comisión para que presente informe”, agregó. En cambio, Ramiro Aguilar consideró que lo más adecuado es que las propuestas de los legisladores sean mocionadas y votadas en el Pleno para que sea este cuerpo el que decida cuales criterios se incluyen o no.
Sobre las reformas al artículo 7, en el cual la Comisión de Participación Ciudadana, que preparó informe, plantea que si transcurridos 45 minutos de la hora prevista en la convocatoria no existiere quórum se dará por no instalada la sesión del Pleno, Hernández estimó que debe reducirse el tiempo a 30 minutos, pero que para evitar la posibilidad de que deliberadamente exista la intención de no dar quórum se puedan establecer alternativas, como trabajar en comisión general, registrar la asistencia y sancionar a quienes no asistan. También señaló que las unidades Técnica Legislativa y de Seguimiento Presupuestario deben estar incluidas dentro de los órganos que conforman la Asamblea, porque son entidades técnicas que pueden emitir criterios, proveer insumos y lecturas sobre la ley.
Sobre la sanción por faltas injustificadas, que puede llegar hasta la pérdida de calidad del asambleísta, si es que hay reincidencia, Motaño indicó estar de acuerdo con las sanciones, pero sostuvo que la pena máxima es ilegal.
Esta regulación se encuentra en el artículo 54, que determina que la o el asambleísta que registre 40% de inasistencias injustificadas durante un mes, tomando en cuenta el total de las sesiones del Pleno y las comisiones, será sancionado con el 60% de la remuneración mensual, si reincide en el período de seis meses habrá suspensión por 30 días sin sueldo y si repite por segunda vez, en el mismo período, perderá la calidad de asambleísta. La legisladora Isabel Mosquera sugirió que se agregue en este artículo un inciso que indique que en estos casos el asambleísta alterno asumirá de manera automática las actividades legislativas.
Mosquera es integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y explicó que esta mesa analizó minuciosamente todos los artículos y se han acogido ampliamente las observaciones que se han presentado. Contó que se han reducido los plazos para que las autoridades entreguen información cuando sean requeridas, que serán de 15 días, según el proyecto. Además dijo que con la iniciativa se cubre un vacío legal, en el momento en que se incluye un artículo para regular el reemplazo en caso de privación de libertad. También se refirió a la consulta prelegislativa y expresó que se ajusta a la realidad y necesidades de cada sector. Sobre este tema César Umaginga consideró que los temas sustantivos deben nacer de las bases.
Propuestas desde la representación de los migrantes
La asambleísta Ximena Peña, representante de los ecuatorianos en Estados Unidos y Canadá, pidió que se establezcan las bases legales para permitir el pleno ejercicio de la representación de los migrantes, por lo que planteó que se institucionalicen las casas legislativas, para que sean permanentes. “ A través de estas casas realizamos enlaces que nos han permitido informar sobre proyectos y la construcción de los mismos”, explicó. También sugirió que, a través de la tecnología, se permita la participación de los migrantes en comisiones generales y que en la casas legislativas se tengan las bases que tienen en las curules del Pleno para que los asambleístas alternos puedan participar, en caso de ausencia de los principales, en vista de que muchas veces, por las distancias, se les hace difícil su movilización.
Por su parte, Virgilio Hernández, recomendó que los parlamentarios andinos de nuestro país puedan participar, por lo menos con voz, en las comisiones y el Pleno. Dijo que debe haber mayor interrelación con los organismos regionales.
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