En el debate del proyecto de Ley Orgánica de Cultura, parlamentarios de diversas bancadas resaltaron la importancia de aprobar esta normativa con lo cual se cierra el mandato constitucional de entregarle al país una ley que integre las voces diversas y la identidad intercultural.
En esta ocasión se destacó la creación del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, por cuanto les permitirá acceder a los beneficios del sistema cultural; el papel protagónico del Ministerio de Cultura que impulsará las diversas expresiones artísticas y culturales; la inclusión del régimen laboral y seguridad social con mecanismos flexibles; el fomento de la cultura en artes vivas, escénicas, literarias; el fortalecimiento y reconocimiento de la identidad cultural de pueblos y nacionalidades; el impulso a los emprendimientos e industria cultural y creativa; el impulso de políticas públicas culturales.
El proyecto de cultura es el resultado de un trabajo conjunto entre varias entidades, pero sobre todo de actores, gestores culturales de distintas ramas, quienes en el amplio proceso de socialización dieron sus aportes a este cuerpo legal que hoy se debate en la Legislatura.
El asambleísta Gastón Gagliardo pidió modificar el artículo 156 del proyecto a fin de que el Director Ejecutivo de las Entidades Nacionales de las Artes Vivas Musicales y Sonoras pueda ser designado para varios períodos, previo a una evaluación. Además planteó que se incluya una transitoria en la Ley de Educación Intercultural para que los estudiantes de unidades interculturales estén habilitados para dar cátedra de cultura estética y luego de cinco años tengan su nombramiento.
La legisladora Rosa Elvira Muñoz dijo que la cultura constituye la memoria del pueblo, a la vez que sugirió que en la cátedra de cultura se tome en cuenta a los estudiantes de pueblos y nacionalidades.
Mientras que el legislador Luis Fernando Torres, al destacar que la ley es buena manifestó que le preocupa la institucionalidad de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Si bien en la normativa se incluye su autonomía pero a la vez se adjetiva que sea responsable, es decir que deberá responder ante los órganos estatales del Sistema Nacional de Cultura.
Por su parte Armando Aguilar propuso que se incorpore luego del artículo 116, que habla de la contribución para el fomento de la cultura y las artes, que la tarifa de esta contribución es del 10% sobre la totalidad de las ventas de entradas de películas de producción extranjera en las salas comerciales de cine y que el Estado administre el producto de esta contribución a través del SRI.
Sugirió que la recaudación total de la contribución se destine exclusivamente al Fondo de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, contribución que será pagada por las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades propietarias de salas de cine comercial por la exhibición de películas de producción extranjera en las salas comerciales de cine, valores que no podrán ser trasladados al público.
Según la propuesta, esta contribución se declarará y pagará anualmente en la forma, medios y plazos que mediante resolución de carácter general establezca el SRI.
La legisladora Teresa Benavides destacó que el proyecto busca fortalecer la articulación del sistema de cultura con la educación, ciencia y turismo.
Ramiro Aguilar dijo no estar de acuerdo con la creación del impuesto o contribución, argumentado que la Constitución prohíbe crear preasignaciones distintas a educación superior, investigación, ciencia y tecnología, mientras que la asambleísta Verónica Arias dijo que en el informe de la Comisión se determina que el Teatro de Loja debe ser administrado a través de un directorio integrado por varias instituciones. Este modelo de gestión a través de un cuerpo colegiado preocupa ya que no garantiza una adecuada y oportuna toma de decisiones, por lo que sugirió que no conste este tema en esta normativa sino más bien sea materia de un decreto ejecutivo.
El legislador Herman Moya al señalar que la normativa fortalece las políticas públicas culturales, pidió modificar la transitoria vigésimo séptima, en el sentido que en el plazo de 120 días a partir de la promulgación de la ley el Ministerio de Cultura efectúe los ajustes institucionales garantizando a los servidores públicos los derechos constitucionales vigentes, procediendo a la evaluación y selección correspondiente de los mismos.
Por último, propuso que en el mismo plazo el Ministerio rector emita las normas y procedimientos necesarios para la plena integración y conformación de los sistemas, redes, entidades y demás organismos creados por la presente ley y adoptará todas las medidas necesarias para que se conformen los directorios y entren en funcionamiento.
JLVN/pv
