La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, escuchó las propuestas de representantes del sector de los artesanos de los cantones de Girón y Gualaceo, de la provincia del Azuay. La Ley de Defensa del Artesano, de la cual dependen 800 mil familias en todo el país, ya se encuentra en etapa de socialización en todo el territorio nacional.
Los dirigentes se refirieron a “la necesidad de establecer una competencia más justa, pues los productos antes artesanales, ahora se están produciendo en grandes cantidades por la industria”. La titular del legislativo aseguró que “una de las alternativas para superar la pobreza es la inclusión e incentivos a los pequeños y medianos emprendimientos y la ley del Artesano debe garantizar ello, debemos creer en lo nuestro”.
Gualaceo es una zona altamente artesanal, caracterizada por la elaboración de macanas, reconocidas el año pasado como Patrimonio Inmaterial del Ecuador, y cuyo gremio en este cantón agrupa a cerca de 150 macaneros.
Durante su estadía en Gualaceo, fueron entregadas a Gabriela Rivadeneira las llaves simbólicas de la ciudad, por su contribución desde diferentes esferas de lo público, al desarrollo del bienestar de los ecuatorianos. Al encuentro asistieron jóvenes, mujeres y estudiantes que plantearon sus propuestas de cara a la construcción del próximo plan de gobierno, orientadas especialmente al desarrollo del agro y la mejora en la calidad de la educación superior.
“Mientras en algunas manos se concentran grandes extensiones de tierra, campesinos deben alquilar para producirla. Leyes como la de Tierra y Agua precautelan el acceso a estos recursos de forma democrática, dando prioridad a la mujer. Sin embargo, la aplicación de la política pública es todavía una deuda”, aseguró Rivadeneira.
Durante la agenda de trabajo cumplida en el Azuay, la Presidenta de la Asamblea también fue declarada visitante ilustre por el cantón de Girón.
En entrevista con varios medios de comunicación de la provincia, se refirió al proyecto de Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, cuyo informe fue aprobado en días pasados por la Comisión de Soberanía Alimentaria para su primer debate.
El proyecto de Ley propone la unificación de las leyes de Sanidad Animal y Vegetal, cuyos textos tienen más de 40 años de vigencia y no corresponden a la realidad social y económica actual del país. El objetivo es regular la sanidad agropecuaria en el país, así como el desarrollo de actividades, servicios y la aplicación de medidas fitosanitarias.
Varios de los pobladores de la provincia mostraron su preocupación por el incremento del ingreso de alimentos de países como Perú, afectando la producción y comercialización local en la zona, de lácteos, frutas y verduras. Al respecto, Gabriela Rivadeneira aseguró que los controles fronterizos deben fortalecerse, y que este proyecto de ley contribuirá a actualizar los procedimientos para combatir las plagas y enfermedades que amenazan la producción agropecuaria del país, así como las relacionadas con productos de origen animal destinados al consumo humano.
