El proyecto de Ley del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre pretende garantizar que los ciudadanos cuenten con vías de calidad y aporten al desarrollo económico del país, explicó el autor de la iniciativa, Richard Calderón. El parlamentario es presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y se encargó de exponer en el Pleno los beneficios de la norma.
Destacó que el gobierno nacional ha logrado un gran avance en vialidad, pero que es necesario dictar una ley que contenga parámetros que permitan garantizar su mantenimiento y que todos los niveles de gobierno estén obligados a cumplir estándares de calidad. Señaló que la vialidad se la concibe como un sistema que integra a todas las carreteras y que para ello se establecen mecanismos, para que los gobiernos se articulen y coordinen.
Calderón expuso que con la norma se establece un régimen jurídico para las fases de diseño, planificación, ejecución, construcción, conservación, regulación y control de la infraestructura vial y sus servicios complementarios. Establece una Red Vial Nacional, que la integran las carreteras estatales, provinciales y cantonal urbana. El ministerio del sector y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) serán los organismos del sistema. A ellos la ley les desarrolla y especifica competencias.
El ministerio tendrá a cargo la rectoría y la definición de la política pública, mientras que los GAD tienen facultades y atribuciones según el Código de Organización Territorial. Se les permite a los gobiernos parroquiales ejecutar y mantener la vialidad en su jurisdicción, previa coordinación entre los niveles de gobierno.
Entre otros aspectos relevantes, comentó que con la norma la planificación será una obligación de todos los gobiernos y que los proyectos deben incluir un estudio de impacto ambiental. El ministerio emitirá especificaciones técnicas para lograr la homogeneidad de la infraestructura, en este sentido, deberá implementar un sistema de información de toda la red.
También destacó que con el proyecto se involucra la facultad de delegar para la prestación del servicio de vialiadad a las empresas de economía mixta y, por excepción, al sector privado o a la economía popular y solidaria. Precisó que la Constitución y la Ley de Alianzas Público Privado respaldan a este mandato.
En el cuerpo legal se define el concepto, el procedimiento y las dimensiones del derecho de vía. El legislador dijo que esta es la potestad que tiene el Estado para disponer de una faja de terreno para la construcción, mantenimiento, servicios complementarios, de seguridad, desarrollo paisajístico y futuras ampliaciones. Explicó que se la fijará según el tipo de vía.
Por último, se establece un régimen de infracciones y sanciones, clasificadas en leves, graves y muy graves. En la primera la multa será de hasta un Salario Básico Unificado (SBU), en la segunda de dos a cuatro y en la tercera de cinco a diez, sin perjuicio de solucionar a su costa los daños causados.
La norma reemplaza a la Ley de Caminos, vigente desde 1964, que no desarrolla los principios que sobre derechos constitucionales y régimen económico que manda la Constitución.
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