La propuesta de Ley para la Protección Datos busca precautelar la seguridad y la privacidad de los ciudadanos, y no impedirá que los funcionarios públicos transparenten su información explicó la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.
Expresó que la Constitución, la Ley de Transparencia y en el caso de la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), expresan claramente la obligación de los funcionarios públicos de transparentar sus cuentas y su información ante la Contraloría del Estado y la ciudadanía.
Negó, por ende, que la Ley impida que periodistas o jueces puedan solicitar información respecto de funcionarios públicos e insistió en que la normativa busca proteger el derecho a la intimidad de los ecuatorianos, para que sus datos no sean utilizados sin su conocimiento o autorización para fines mercantiles, y en algunos casos, delictivos.
Una preocupación especial tiene que ver con la información que se hace pública por internet y en las redes sociales, en especial de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, Gabriela Rivadeneira recordó que el Código de la Niñez y Adolescencia ya contempla una serie de derechos y garantías para la protección de los menores. No obstante especificó que el proyecto de Ley de Protección de Datos no abarca la regulación de redes sociales.
“Lo que sí hace este proyecto de Ley es que en caso de que un ciudadano vea vulnerado sus derechos debido a la publicación de una foto, un video o un comentario, pueda realizar una denuncia en un juzgado y hacerle seguimiento”, agregó.
Manifestó que la normativa tiene su argumentación en la legislación comparada. En este tema explicó que en el mundo existen 107 países que cuentan con una legislación que protege los datos de los ciudadanos, al igual que la mayoría de países de la región.
Caso Pareja Yanuzzelli y publicación de diario panameño
La titular del Legislativo recordó en el programa que cuando se revelaron los “Papeles de Panamá”, a inicios de 2016, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional inició una investigación y tras cinco meses emitió un informe al Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), que establecía inconsistencias no justificadas en las declaraciones de Carlos Pareja Yanuzzelli, que presumían el delito de enriquecimiento ilícito.
En este tema, recordó que contrario al caso de Alex Bravo, la Fiscalía no actuó apenas tuvo indicios y “horas antes de que se declarara la prisión preventiva de Yanuzzelli, salió del país".
Rivadeneira aseguró que para continuar con esa línea de investigación y acción fiscalizadora de la Asamblea, mediante resolución del CAL se resolvió que dicho informe sobre las empresas offshore constituidas en paraísos fiscales, entregado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, pase a la Comisión de Fiscalización.
La Comisión de Fiscalización convocará la comparecencia de la Fiscalía General del Estado, Superintendencia de Bancos del Ecuador, Contraloría General del Estado y Servicio de Rentas Internas, a fin de que informen sobre las acciones adoptadas respecto a la investigación de las empresas offshore constituidas por ecuatorianos en paraísos fiscales.
La principal del Legislativo rechazó además la información emitida por el periódico “La Estrella” de Panamá, sobre un supuesto expediente secreto que involucra al vicepresidente Jorge Glas con cuentas en paraísos fiscales.
Al respecto, a través de su cuenta de Twitter, la presidenta de la Asamblea enfatizó que "próximos a una campaña electoral, la oposición utiliza todo tipo de argucias para desacreditar a representantes de gobiernos progresistas y algunos medios de comunicación se prestan para ello. El artículo del diario panameño es una muestra, convierten rumores sin respaldos en “verdades” mediáticas que con malicia e irresponsabilidad son replicadas por la prensa nacional. Si existe evidencia que la presenten ante los órganos competentes. Tal parece que la política sin principios ha encontrado perfecto eco en la falta de ética periodística".
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