La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, se refirió a los retos que tiene la Asamblea Nacional antes que concluya este período, entre los cuales figura la Ley de Feriados, que podría entrar en vigencia desde las próximas festividades de diciembre con el fin de que exista un calendario de días libres y así fortalecer el turismo.
“Ahora lo que el proyecto plantea es que podamos tener once días de descanso obligatorio al año para incentivar el turismo interno y extranjero en el país”, señaló.
Recalcó que en América Latina y el Caribe, Ecuador es uno de los países que menos días de descanso obligatorio tiene, por lo que la normativa contribuirá a la reactivación económica, especialmente en dos zonas de atención prioritaria después del terremoto del 16 de abril: Manabí y Esmeraldas.
“Esperamos la próxima semana tener el informe para segundo debate en el Pleno con el fin de que entre en vigencia desde el 24 y 31 de diciembre (…) y que sin duda alguna eso fortalezca la economía de nuestras localidades”, aseguró en el programa “Contigo de Ley” de este martes.
La titular del Legislativo explicó que la propuesta que se trata en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores tiene una amplia aceptación y permitiría promover, además, el consumo de productos y servicios en los distintos territorios, generando un valor agregado al turismo.
Ley de Plusvalía
Al referirse a la Ley de Plusvalía, la presidenta del Parlamento recordó que este proyecto incluye reformas al COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización), además de normas de carácter tributario con el fin de que el Estado pueda controlar la compra y venta de bienes, enfrentando así la especulación de la tierra.
La principal del Legislativo enfatizó que el proyecto de ley está direccionado a combatir la especulación, y busca que se reconoza la inversión en servicios públicos que realiza el Estado a través de los gobiernos locales, la cual repercute en la plusvalía de un bien inmueble.
“De dónde sale la obra pública, del pago de los impuestos de los ecuatorianos. Por lo tanto es lógico entonces que si esa inversión pública promovió un beneficio particular al propietario, él pueda pagar algo más, únicamente por esa ganacia extraordinaria”, dijo.
En las 9 principales ciudades del país alrededor de $ 600 millones han ido a parar a manos privadas debido a intervenciones públicas.
Esta ley evitará que los especuladores lucren del sueño de millones de ecuatorianos de tener casa propia en condiciones dignas, aseguró Rivadeneira y agregó que factores como la especulación encarecen el costo del suelo, incrementando así el valor final de las viviendas.
“La riqueza de una sociedad se genera mediante el trabajo, el conocimiento, la producción, no es justo que un grupo de personas se enriquezca comprando terrenos y esperando que suba su precio, sin esfuerzo alguno, por el solo hecho del paso del tiempo o por información privilegiada sobre la construcción de una obra pública, mientras que cerca del 40% de los ecuatorianos no tiene vivienda propia”, añadió la titular del Legislativo.
La presidenta de la Asamblea manifestó que “la propuesta busca generar un sistema más justo y no está basada en cálculos políticos”. Fue enfática en reconocer que esta no pretende recabar recursos para el Estado pues lo recaudado irá directamente a los mismos gobiernos locales (GAD) para ser reinvertidos en obras de agua potable y alcantarillado, “desmintiendo que se trate de un mecanismo del Gobierno central para generar recursos en la supuesta crisis”, dijo.
Rivadeneira confirmó que este miércoles el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificaría la Ley de Plusvalía para derivarla a la comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados o a la de Régimen Económico.
Fiscalización
En relación a la fiscalización que realiza la Asamblea Nacional a los casos corrupción en Petroecuador, la titular del Legislativo explicó que el pasado miércoles comparecieron a la Comisión de Fiscalización el Contralor del Estado, Carlos Pólit, el Superintendente de Bancos, Cristian Cruz, el director de Rentas Internas, Leonardo Orlando y el Fiscal de la Nación, Galo Chiriboga.
Al respecto, Gabriela Rivadeneira recordó que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional inició en el mes de febrero una inverstigación en torno a los funcionarios públicos relacionados con paraísos fiscales, arrojando importantes alertas que fueron remitidas oportunamente a los organismos de control.
“Estamos dando seguimiento a esta secuencia de irregularidades”, precisó. Recordó a la vez que tras las comparecencias de las autoridades de control, al momento cerca de 60 funcionarios están siendo investigados por delitos de corrupción por parte del sistema de justicia y la Fiscalía. En este caso recordó que Álex Bravo, ex gerente de Petroecuador, se encuentra a disposición de la justicia.
La principal del Legislativo precisó que la comparecencia de las autoridades constituye la segunda etapa dentro del proceso de fiscalización, para que respondan “no solo por lo que hicieron sino por lo que dejaron de hacer”, por ejemplo, para evitar la salida del país del ex presidente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuzelli, principal implicado en la red de corrupción.
Gabriela Rivadeneira recordó que de comprobarse una omisión o una irregularidad en la gestión de las autoridades de control, en el caso de Petroecuador, se pasaría a la tercera fase del proceso que es el juicio político. Al momento, la Comisión de Fiscalización analiza la documentación y las declaraciones.
En relación a la agenda futura del Parlamento ecuatoriano precisó que se buscará la aprobación de normativas como la Ley de Semillas, la Ley del Artesano y la Ley de Turismo, para fortalecer las actividades económicas y del agro, además de normativas como el Código de Salud para garantizar la salud integral de los ecuatorianos.
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