Los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de sus competencias, obligatoriamente dotarán de espacios públicos adecuados para el funcionamiento de mercados, justo en donde los productores, de manera directa, vendan sus productos al consumidor; esta fue una de las propuestas del asambleísta Vethowen Chica, en el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Dijo que la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, a través de fedatarios, controlará que estos espacios públicos no los usen intermediarios.
Los legisladores hicieron múltiples observaciones y dijeron que la norma responde al interés de las grandes mayorías, que no tienen capitales. Además, brinda seguridad a los socios de las cooperativas.
Chica explicó que se trata de defender y proteger a los productores, a los micro emprendedores, agricultores, campesinos y gente del sector rural para mejorar sus condiciones de vida y convivencia en la comunidad.
“Con esta Ley hablamos del pequeño y mediano productor”, precisó, al sostener que estos ciudadanos que laboran día a día, como el agricultor y ganadero, son los más explotados del país por los intermediarios. Aseveró que los productores del país quieren ventas directas, sin intermediarios, asistencia técnica de manera, eficiente, eficaz, real, efectiva; crédito blando, a bajo interés, a largo plazo y un mercado de comercio justo.
También propuso que la cooperativa o asociación constituida bajo la modalidad de trabajo asociado, afilie a sus socios trabajadores al IESS, quien determinará el monto de las aportaciones y prestaciones a las que tenga derecho, diferenciándolo del Régimen de Afiliación Voluntaria”.
Las cooperativas y demás organizaciones del sector de Economía Popular y Solidaria podrán emitir obligaciones de libre negociación, que serán negociables a través del Registro Especial Bursátil.
“Debemos hablar de una economía popular y solidaria que dinamice el desarrollo de los sectores productivos, con espacio directo entre el productor y consumidor, sin intermediarios”, dijo Rosa Elvia Muñoz, al precisar que están en deuda con este sector productivo del país.
Planteó incorporar la palabra procesamiento, dentro de los procesos de producción y que sobre el desarrollo económico endógeno, desde su propia conceptualización, se agregue la palabra cosmovisión. También pidió abrir mercados para los agricultores, incluir a los productores agrícolas y artesanos; y, el no pago del Impuesto a la Renta por cinco años para este sector. “Es la Economía Popular y Solidaria la que realmente dinamiza la producción del país", aseveró
Arcadio Bustos, saludó que se haya acogido la permanencia de las cooperativas de transporte en la Ley. Vía twitter, Carlos Velasco sostuvo que la Ley permite crear un mecanismo para renovar la personería jurídica de bancos y cajas comunales y facilita la exhibición de productos del sector en perchas de supermercados.
“Es necesario que siga la socialización de los beneficios de esta propuesta de Ley, como por ejemplo, el tema de reducción de trámites”, dijo María Luisa Moreno, quien aseguró que esta Ley responde a una deuda, no solo con los agricultores, sino con los concheros, pescadores artesanales, en donde no se hable con lógica diferente. Cree que la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidaria debe quedar instituida por Ley, porque sirve para el fomento del sector de Economía Popular y Solidaria
Más apoyo
Mónica Alemán hizo referencia a la feria inclusiva y catálogo electrónico, que se incluyen en la norma. Dijo que las ferias inclusivas deben dinamizar la participación de la economía popular. Pidió priorizar los productos y servicios nacionales, en especial aquellos que provienen de la economía popular y solidaria y micros y pequeñas unidades productivas.
También pidió convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción nacional y promover la participación de artesanos profesionales, micros, pequeños y medianas empresas.
Para Betty Carrillo, es importante que en la Ley de Economía Popular y Solidaria se incluya como objetivo el apoyo a los migrantes retornados y para los que se encuentren en situación de movilidad humana. “Es importante generar una política pública de apoyo. La norma responde al interés de las grandes mayorías, que no tienen capitales y da seguridad a los socios de las cooperativas”, recalcó.
René Caza, dijo que tras cinco años de vigencia de esta Ley, se evidencia menor impacto respecto a las expectativas generadas. “La Ley de Economía Popular y Solidaria no es de pobres y para pobres, genera la mayor cantidad de mano de obra”, enfatizó.
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