El jueves, 19 de enero, a las 09:30, el Pleno de la Asamblea continuará el tratamiento del proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria. El pasado 11 de enero se cerró el debate. Los asambleístas presentaron varias observaciones tendientes a consolidar a este sector. El presidente de la Comisión de Régimen Económico y ponente del proyecto, Virgilio Hernández, deberá considerar cuáles se acogen. Sobre el texto final se pronunciarán los asambleístas.
Antes de que ingrese al Pleno, el proyecto se discutió durante un año con organizaciones y actores involucrados con el tema, tanto en el Parlamento, como en territorio. Ahí se evidenciaron algunos nudos críticos, que se quieren subsanar con esta nueva norma. Uno de ellos tiene que ver con la limitación para el acceso a los mercados, espacios públicos e infraestructura.
Estos inconvenientes permitieron que los asambleístas se enfoquen en un pilar esencial: mejorar los mecanismos para que los productos y servicios que se originan en la Economía Popular y Solidaria (EPS) tengan mayor comercialización y se evite la intermediación y aumente la exhibición en perchas de supermercados y ferias.
Según el informe para segundo debate, en la norma se incorporan mecanismos más efectivos para el acceso de los actores de la EPS a las compras públicas y medidas de preferencia para el pago de las entidades del Estado a los proveedores de este sector. Determina que los gobiernos subnacionales les doten de espacio público e infraestructura, fomenta la generación de redes para la venta de productos y eleva a ley la obligatoriedad de los supermercados para mostrar los artículos de la EPS.
Dificultad para cumplir los requisitos, problemas en el acceso a recursos y medios productivos, fueron otros de los problemas que identificó la Comisión de Régimen Económico. En la propuesta legal se consideran nuevas prácticas para facilitar la obtención de personería, facilidades para recibir asistencia técnica y capacitación, tener un tratamiento tributario correspondiente a su naturaleza solidaria, recibir fondos de crédito por parte de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y se incluyen mecanismos de financiamiento no crediticio como capital semilla, capitales de riesgo, emisiones bursátiles, entre otras.
En el texto legal se mejoran además las medidas de fomento, incentivo, promoción y se da mayor vinculación con las políticas públicas. En el informe se recogen los principales planteamientos realizados por los actores de la EPS. Se establecen preceptos para favorecer a las personas vinculadas al trabajo no remunerado del hogar y fortalecer la garantía del derecho universal a la seguridad social.
Existen disposiciones para apoyar las actividades de turismo, agropecuarias, forestales, de seguridad y servicio de salud; nuevas acciones para la protección del trabajador autónomo y comerciante minorista; incorpora el enfoque de movilidad humana; genera incentivos para programas de autoconstrucción y eliminación de requisitos para poseer un terreno y constituirse en cooperativa de vivienda.
Con el proyecto se genera un cambio en la institucionalidad, crea el Servicio de Fomento, Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria, en reemplazo del Instituto Nacional de la Economía Popular y Solidaria. La entidad tendrá nuevas facultades para la planificación, regulación, fomento, promoción, incentivo y coordinación con otras instituciones.
LILA/pv
