De acuerdo al cronograma establecido, oportunamente, por la Comisión de Biodiversidad, en coordinación con el Grupo Parlamentario Amazónico, hoy se cumplió otra jornada de estudio y socialización de la Ley Especial Amazónica. Esta vez, en la provincia de Orellana, con más de mil personas.
La presencia masiva, fue causa para que el legislador Oscar Ledesma, presidente encargado del organismo legislativo, decida cambiar el local del encuentro, del auditorio del IESS al Coliseo 24 de Mayo, donde se dieron cita representantes de los gobiernos cantonales, provinciales y parroquiales, campesinos, grupos de mujeres, estudiantes y sectores indígenas.
Las inquietudes de la ciudadanía se centraron en la necesidad de respetar la Ley 010, enfrentar los altos índices de pobreza y contaminación; garantizar la protección efectiva de la naturaleza, consagrar los derechos de las nacionalidades indígenas, asignar más dinero para los gobiernos parroquiales, darle valor al aspecto cultural. Además, se hicieron objeciones a la gestión del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazonónico y de Ecuador Estratégico y pidieron que se revise la participación de Baños y Penipe de los recursos que generaría la normativa.
Oscar Ledesma reiteró que la propuesta busca un desarrollo integral, equitativo de todas las provincias amazónicas, sin afectar los presupuestos que reciben hoy por efectos de la Ley 010, más bien se creará un nuevo fondo, que se alimentará de las actividades petroleras, hidroeléctricas y mineras.
Propuestas ciudadanas
Anita Rivas, alcaldesa de Orellana, invocó a crear un fondo especial para defender la biodiversidad y remediación ambiental, más aún cuando la jurisdicción tiene 800 pasivos ambientales.
Adalberto Chango, dirigente de los pequeños comerciantes, alertó que alrededor del 50% del comercio está quebrado, por lo que dijo urgen líneas de crédito preferenciales, para reactivar la economía.
La prefecta Guadalupe Llori, pidió no afectar la Ley 010, tras plantear que se homologue el precio de barril de petróleo extraído, tanto por empresas transnacionales como nacionales, para los cálculos de asignaciones a los GAD y que la entrega de los presupuestos sea oportuna para todos.
Jacinto Paredes, del Consejo de Gobiernos Parroquiales del Ecuador, planteó el incremento del 6 al 12 por ciento de recursos para las gobiernos parroquiales dentro del fondo común, que determina la ley.
Mario Santi, de Pastaza, sugirió analizar el ejercicio de derechos colectivos y el reconocimiento de los saberes ancestrales de los pueblos originarios.
MG
