Dentro del análisis de los proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Comisión de Justicia centró su atención y preocupación en el tema de violencia psicológica contra la mujer y el núcleo familiar, de iniciativa de la asambleísta Gina Godoy.
El Consejo para la Igualdad de Género, el Consejo de la Judicatura, el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, en esfuerzo conjunto con múltiples organizaciones sociales, presentaron un conjunto de reformas para hacer más efectiva la tipificación y sanciones, para los delitos de violencia psicológica, en función de proteger y garantizar los derechos de las víctimas.
Consuelo Bowen, presidenta del Consejo para la Igualdad de Género, habló de definir una gradación (calificación) específica de las sanciones, estableciendo la figura general, con pena de seis meses a un año de privación de libertad, la que será agravada de un año a dos años, cuando se trate de personas que por sus condiciones de vulnerabilidad pueden estar más expuestas y si el daño psicológico es grave, que incluso con tratamiento no se supere, la pena será de dos a tres años; esto clarificará la aplicación de la normativa por parte del operador de justicia y para quien hace el peritaje.
Además, propuso que dentro de las contravenciones se determine 15 a 30 días de privación de libertad para la persona que hiera o agreda físicamente a la mujer o miembro del núcleo familiar, causándole lesión, enfermedad, incapacidad para el trabajo o desarrollo de sus actividades cotidianas, que no pase de tres días.
También que son competentes los jueces de garantías penales y los jueces especializados en violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, para el juzgamiento de delitos de violencia contra la mujer y su núcleo.
Karina Peralta, vocal del Consejo de la Judicatura, explicó que la propuesta responde a un amplio consenso de diferentes instituciones del Estado: funciones Judicial y Legislativa, a través del Grupo Parlamentario; Ministerio de Justicia, Consejo de Igualdad, ONU Mujeres, Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), organizaciones de la sociedad civil, entre otras.
Es una respuesta, continuó, a la demanda ciudadana que quiere ver procesos de justicia más ágiles y expeditos, en caso de delitos de violencia psicológica contra la familia, reconociendo que los nudos críticos estaban en la gradación de las penas o sentencias.
La asambleísta, Mariangel Muñoz, vicepresidenta de la Comisión de Justicia, señaló que es necesario tipificar todas las actuaciones u omisiones que deben ser consideradas como delitos o contravenciones. En este caso se plantea que se incluya la contravención por violencia psicológica o agresiones físicas que no dejan huella, lo que llenaría un vacío en la legislación penal, agregó. "Esa importante reforma cuenta con el apoyo desde la ciudadanía, organizaciones sociales y la institucionalidad", enfatizó.
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