Con la presencia de Gabriela Rivadeneira y Rosana Alvarado, presidenta y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, respectivamente; y los asambleístas Carlos Bergmann, Verónica Arias y Armando Aguilar, se instaló la sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
El Consejo, entre otras acciones, calificó el proyecto de Ley para la Aplicación de la Consulta Popular, efectuada el 19 de febrero de 2017. La iniciativa busca que ninguna autoridad de elección popular o servidor público pueda desempeñarse si tiene capitales o bienes en paraísos fiscales.
El presidente de la República, Rafael Correa, remitió dicha propuesta este lunes, 13 de marzo, a la Asamblea Nacional.
La asambleísta Verónica Arias, vocal del CAL, recordó que el 55% de la población ecuatoriana, en la Consulta Popular, decidió que quienes deseen ocupar un cargo de elección popular o ser funcionarios públicos, no tengan bienes ni capitales en paraísos fiscales. Frente a ese amplio pronunciamiento ciudadano, el Ejecutivo envió al Parlamento el respectivo proyecto de ley, para viabilizar, justamente, la decisión del pueblo expresada en las urnas, afirmó.
Bajo estos antecedentes, el CAL calificó la propuesta y la pasó a conocimiento, trámite y resolución de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, precisó, al explicar que, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la mesa tiene un plazo máximo de 45 días, contados a partir de la fecha de inicio del tratamiento del proyecto, para presentar el correspondiente informe con las observaciones que juzgue necesarias introducir.
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