Son 27 mil familias las que se beneficiarían con el proyecto que reforma la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras en Guayas. Esta afirmación la realizó el viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), Javier Cobeña, quien acudió a la Comisión de Gobiernos Autónomos, para exponer los argumentos que respaldan esta iniciativa del Gobierno Central. El beneficiario deberá pagar un promedio de mil 200 dólares.
El proyecto de reformas a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los Moradores y Posesionarios de los Predios, que se encuentran dentro de la Circunscripción Territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo, elimina la fecha límite, 28 de diciembre del 2010, para que las familias puedan legalizar sus predios.
Además, simplifica los trámites para acelerar procesos y no ocasionar costos adicionales a los beneficiarios, por ejemplo, no tendrán que presentar el certificado de que no poseen otra propiedad en el cantón donde vayan a escriturar su predio. Esto lo verificará el Registro de la Propiedad.
El objetivo de las reformas, a la también conocida como Ley 88, es incluir a todos quienes se encuentren en estos sectores, siempre que estén dentro de los linderos establecidos en la ley, confirmó el funcionario del Miduvi.
Cobeña, explicó que el valor promedio de cada propiedad familiar, no comercial, es de mil 200 dólares, de una extensión de 200 a 300 metros cuadrados. Los titulares podrán ampliar el pago de ese valor hasta 10 años, lo que implicaría una cuota mensual de 10 dólares. Sostuvo que 2 mil 118 predios ya fueron adjudicados por los municipios y 8 mil 485 por el Estado, pero, con la propuesta, se pretende llegar a 27 mil. De ellos, contó que la mayor cantidad se encuentra en Monte Sinaí.
“Si calculamos 27 mil construcciones por un promedio de cuatro personas, hablamos de 100 mil habitantes. Es una ciudad comparada con Otavalo-Imbabura, por lo que necesita todo tipo de equipamientos de instituciones públicas, privadas, sin fines de lucro”, aseveró el presidente de la Comisión, Richard Calderón.
Cobeña aseguró que el gobierno ya intervino con algunos servicios y que lo propio harán entidades como los ministerios de Salud y Deporte. Calderón dijo que se debe pensar en la planificación de ese sector.
Los asambleístas coincidieron en que el valor de los terrenos no debe establecerse en la ley, porque creen es necesario tomar en cuenta muchos elementos, como el fin de la propiedad. Según el proyecto, la adjudicación será, no solo para propósitos habitacionales, sino también para todo tipo de uso o destino lícito, que tenga el respectivo inmueble. Cuando sea de uso mixto, el valor será un 10% más del avalúo.
“Establecer precio y porcentaje restringe al proyecto; debería fijarse en función de una valoración con criterio del municipio o Gobierno Central”, comentó Calderón, quien coincidió con la propuesta de Henry Cucalón, de Madera de Guerreo y Angélica Andino, independiente, de que el valor se debería indicar en un reglamento. Los dos asambleístas adelantaron que apoyarán la propuesta, porque resuelve un problema social.
LILApv
