Para el próximo lunes, 27 de marzo, a partir de las 15:00, serán convocadas a la Comisión de Justicia, las autoridades del Servicio de Rentas Internas (SRI), Unidad de Lavado de Activos (de análisis financiero) y Ministerio del Trabajo, a fin que presenten sus puntos de vista sobre el proyecto que viabiliza la consulta popular del 19 de febrero, en torno a los paraísos fiscales.
El asambleísta Mauro Andino, titular de la mesa legislativa, dijo que con el SRI se tratará de definir qué es un paraíso fiscal, procedimiento, mecanismo y parámetros técnicos para puntualizar a qué país se le considera como paraíso fiscal, más aún cuando la iniciativa legal no habla de aquello.
En tanto, de la Unidad de Lavado de Activos, se requiere fijar su contribución para que en el momento que la Contraloría General del Estado determine posibles indicios que esos recursos o dineros, creados a través de paraísos, puedan ser debidamente analizados, ya que, a lo mejor, resulten ser producto de lavado de activos, crimen organizado o de otra conducta penal, sostuvo.
Precisó que con el Ministerio de Trabajo se tendrían que desarrollar los procedimientos, ver si está estipulada la figura del visto bueno, en caso que se trate de un servidor sujeto al Código del Trabajo, para dar por terminada esa relación laboral –contrato-, en circunstancias que no haya cumplido con la prohibición de tener bienes, patrimonio e inversiones en paraísos mal habidos, que generan problemas al país de origen.
Expresó que el proyecto se ampliará, modificará y enriquecerá con los aportes de personeros estatales y la ciudadanía, tras subrayar que habrá que reformar los códigos de la Democracia, Trabajo y otras normativas, en función que guarden armonía con la Constitución y el contenido de la consulta popular.
Aclaró que la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) especifica un plazo de 15 días para la socialización del documento, luego de lo cual se puede preparar el informe para primer debate en el Pleno y si no hay objeciones de fondo, se alista el informe de segunda instancia. De esta forma, la ley entraría en vigencia en abril o mayo, dijo.
MG
