El viceministro de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Adolfo Salcedo, en la comparecencia ante la Comisión de Biodiversidad, explicó la importancia de un Plan Integral para la Amazonía que también se lo realizó en su debido momento en Galápagos.
Recordó que la planificación integral regional amazónica es mandato constitucional establecido en el artículo 250 y que para ello se realizó un diagnóstico, análisis de competentes, identificación de problemas, potencialidades y análisis de la estructura territorial actual.
Explicó que se evidenció que existen siete categorías de ordenamiento territorial que están marcadas como unidades funcionales, así como 10 centros y 10 subcentros funcionales que son los nodos para la fase de expansión; planes estratégicos que modifican el territorio y la existencia de dos áreas establecidas como redes de complementariedad para el desarrollo de la industria petrolera y minera, así como el eje multimodal Manta-Manaos.
Salcedo indicó que la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica que se crea en el proyecto estaría adscrita a Senplades, con sede en Puyo y como atribuciones formular, aprobar, coordinar y ejecutar el Plan Integral de la Amazonía; realizar seguimientos y evaluación del mismo; administrar el Fondo Común para la Cuenta Territorial Especial Amazónica; priorizar programas y proyectos financiados con el Fondo Común; monitorear y evaluar la ejecución de programas y proyectos; y, asesorar a los gobiernos autónomos descentralizados amazónicos.
Habrá un sistema de seguimiento y evaluación a programas y proyectos conformada por la Senplades que se encargará de emitir lineamientos para su funcionamiento. Precisó que la Secretaría Técnica administrará el sistema; solicitará información, evaluará y dará seguimiento a los proyectos. Dijo que las entidades beneficiarias deberán rendir cuentas a la ciudadanía.
El funcionario también se refirió al modelo de equidad territorial. Precisó que el objetivo es garantizar una provisión equitativa de bienes y servicios públicos, relacionados con las competencias exclusivas del gobierno, a fin de lograr equidad territorial.
Subrayó que el 21% de los ingresos permanentes más el 10% de los no permanentes del Presupuesto General del Estado son la base para la asignación de recursos. Esto se divide en 67% para cantones; 27% para provincias; y 6% para parroquias. El monto que por ley corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados está garantizado desde el 2010 a través de la Ley 010 que quedó establecido en el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
El presidente de la Comisión, Carlos Viteri, indicó que la experiencia de la Ley de Galápagos es un referente para la construcción de la Ley Especial Amazónica con sus respectivas particularidades. Hay enfoques de acción afirmativa para compensar las inequidades de décadas de exclusión en la región amazónica.
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