La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, convocó a la sesión No. 446 del Pleno para este martes 25 de abril, a las 9h00, con el fin de tratar en segundo debate el proyecto de Ley que Fija el Límite Territorial entre las provincias Esmeraldas e Imbabura en la Zona denominada "Las Golondrinas" y la reforma a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los Moradores y Posesionarios de Predios que se encuentran dentro de la Circunscripción Territorial de los Cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo.
Los dos proyectos tienen informe favorable de la Comisión de Gobiernos Autónomos que recomienda al Pleno su aprobación. Su presidente, Richard Calderón explicó que en el caso del primer proyecto se fija de forma absoluta la frontera entre estas dos provincias, pero además define que este sector pertenecerá a Imbabura, tal como se pronunció el pueblo en las urnas. El proyecto determina que será parte del cantón Cotacachi.
Según los argumentos del informe, la falta de precisión de los límites territoriales influyó en las dinámicas sociales de las poblaciones involucradas y provocó que su desarrollo sea parcial, al no contar con los recursos económicos necesarios, lo que generó un crecimiento desordenado de asentamientos humanos, altos niveles de inseguridad, perjuicios fiscales, explotación indiscriminada de recursos naturales, deterioro del ambiente, afectación de zonas productivas y a la conservación de bienes patrimoniales o culturales y una inadecuada aplicación de los planes de ordenamiento y desarrollo territorial.
Calderón enfatizó que, con en con esta norma, la población de Las Golondrinas recibirá los servicios que no se entregaron hasta el momento, por la fata de definición.
Legalización de tierras
El proyecto que legaliza tierras en Guayas garantiza el derecho al hábitat y vivienda digna y adecuada de los moradores que se encuentran en los asentamientos de hecho.
Contiene cuatro artículos, mediante los cuales se busca eliminar al 28 de diciembre de 2010, como la fecha máxima en que un predio debía estar posesionado y construido para poder ser formalizado, además simplifica trámites.
En el informe, la Comisión argumenta que desde las últimas reformas se duplicó el número de construcciones informales en estos sectores, por lo que creen que incluir una restricción temporal, no es un mecanismo efectivo para suprimir los asentamientos irregulares. Indica que en la actualidad existen más de 15.000 familias que no cumplirían los requisitos para la regularización, lo que afectaría su derecho a una vivienda digna y adecuada.
Por otra parte, aclara que el proyecto establece mecanismos más efectivos para evitar el aparecimiento de nuevos asentamientos informales en esas zonas, porque permite que el Estado pueda disponer de los lotes vacíos para la construcción de vivienda de interés social, obras para dotar de servicios o la venta de esos predios para otras actividades.
Según el proyecto, son beneficiarias las personas que justifiquen la tenencia y construcción, pero que no supere la extensión máxima del lote, según las ordenanzas, acuerdo ministerial o reglamento de la ley. Tampoco podrán tener otro bien en el mismo cantón. Con la norma vigente, era el ciudadano quien demostraba ese requisito, pero con la reforma se plantea que sea el Registrador de la Propiedad el que lo verifique. La entrega o venta directa será, no solo para fines habitacionales, sino también para todo tipo de uso lícito.
PV
