Como un proyecto fundamental para que los ciudadanos puedan acceder a los derechos a la vivienda, ciudad y servicios básicos, calificó Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, al Proyecto de Ley que permite la legalización de tierras en Monte Sinaí.
Antes de que inicie el segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los Moradores y Posesionarios de Predios que se encuentran dentro de la Circunscripción Territorial de los Cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo, Richard Calderón expuso ante el Pleno los objetivos que persigue el cuerpo jurídico. La mesa que preside, estudió el Proyecto y elaboró el informe para conocimiento de los legisladores.
Contó que estos lotes, ubicados en el sector de Monte Sinaí, suman cerca de 800 hectáreas y que la norma vigente tiene una serie de inconvenientes que retrasaron la legalización de los predios para quienes habitan ahí hace varios años. Añadió que lo que se pretende es resolver esos problemas.
Explicó que la ley que rige hasta ahora, solo permite adjudicar las escrituras para vivienda. Sin embargo, expresó que las construcciones bordean las 27.000, por lo que se compara con una ciudad mediana y eso hace que se requieran servicios complementarios, como salud, educación y otras actividades económicas. En este sentido, dijo que la propuesta amplía los usos de suelo, también para comercio.
Salida legal
Otro de los impedimentos para la legalización, según el legislador, es la fecha máxima, diciembre del 2010, en la que se podía legalizar, pero quienes tenían en posesión los lotes no dejaron de construir, por lo que instó a buscar una salida legal para estas personas. Para solucionar este inconveniente, el Proyecto plantea eliminar ese plazo. Aclaró que la norma prohíbe la adjudicación en zonas de riesgo.
Además, aseveró que la ley vigente exige trámites complicados, como solicitar al beneficiario un certificado de no ser propietario de otro bien en uno o los tres cantones involucrados. Explicó que ese requisito lo verificará ahora el Registro de la Propiedad.
En cuanto al precio, condiciones de pago y plazos, Calderón indicó que se deja a nivel reglamentario para que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda o el municipio respectivo lo puedan fijar, en referencia del avalúo, y brinden las facilidades necesarias. “Es fundamental que quienes habitan en condiciones precarias tengan facilidades para que puedan legalizar cuanto antes (los predios)”, recalcó el Parlamentario.
LILA/pv
