La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, convocó para el miércoles a dos sesiones del Pleno. En la continuación de la 430, convocada para las 08:30, proseguirá el segundo debate del Proyecto de Código Administrativo y en la 451, prevista para las 10:00, los parlamentarios tratarán en segundo debate, el Proyecto de Reformas a la Ley de la Función Legislativa.
Código Administrativo
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado preparó el informe del Proyecto de Código Administrativo, que tiene por objetivo regular las relaciones entre las personas y las Administraciones Públicas a su servicio. Establece el régimen jurídico de los actos administrativos y su revisión en la vía administrativa; fija un procedimiento común aplicable por todos los órganos y entidades públicas.
El cuerpo legal configura un modelo en el que la persona es actora principal en la relación con la administración pública que está en la obligación de encontrar los medios y mecanismos idóneos para cumplir los derechos y deberes de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones y garantiza la primacía de los intereses generales y el pleno respeto a los principios de juridicidad, control y responsabilidad.
La normativa regula los principios básicos para el ejercicio de la potestad sancionadora y su procedimiento administrativo para la reclamación tributaria, de ejecución coactiva y el régimen de la responsabilidad extracontractual del Estado constitucional de derechos y justicia.
Función Legislativa
La Comisión de Participación Ciudadana aprobó el informe para segundo debate del Proyecto de Reformas a la Ley de la Función Legislativa, que recoge 11 propuestas de legisladores y de una parlamentaria andina, orientadas a fortalecer el trabajo institucional en materia legislativa y de fiscalización, tanto en las comisiones como en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Son 53 modificaciones que se realizan al cuerpo legal. La propuesta precisa el procedimiento para realizar la consulta prelegislativa, regula el proceso de instalación del Pleno, prevé sanciones a legisladores que tengan un 40% de inasistencias injustificadas durante un mes, tomando en cuenta el total de sesiones del Pleno y comisiones; también cubre el vacío legal cuando un o una legisladora se encuentre privado de libertad.
En fiscalización, se reduce de 15 a 10 días el plazo para la entrega de información solicitada por las y los asambleístas, entre otros cambios, que aspiran a que el trabajo parlamentario sea más ágil.
JLVN/pv
