El Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Función Legislativa, compendia 11 propuesta de modificación a la norma, aseguró la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Johanna Cedeño, quien expuso en el Pleno, el informe para segundo debate trabajado en esta mesa. Dijo que la iniciativa contempla cambios en la estructura, procedimientos legislativos, comisiones, consulta prelegislativa, fiscalización, derecho a la repetición, sanciones, reemplazo en caso de privación de libertad, entre otros temas.
Sobre las sanciones, explicó que en el Proyecto se incluyen para los asambleístas que tengan un 40% de inasistencias injustificadas durante un mes, tomando en cuenta el total de sesiones del Pleno y comisiones. La sanción sería gradual. Primero, con una multa de hasta el 60% de la remuneración mensual; si reincide en un período de seis meses, se lo suspenderá de forma temporal, sin sueldo por 30 días; y, si repite por segunda vez, en un período de seis meses, perderá la calidad de asambleísta. Fija el proceso para el reemplazo temporal o definitivo de los parlamentarios, regula la presentación de excusas y los procesos de pago a los principales y suplentes.
Aseguró que en los procedimientos, se plantea que para la instalación de las sesiones en el Pleno y la comisiones legislativas, en caso de haber transcurrido 30 minutos de la hora convocada, ante la falta de quórum, se entenderá como no instalada y se deberá citar a otra reunión. Se incorpora como función de las comisiones, la de realizar seguimiento y evaluación de leyes aprobadas y que en caso de ausencia de su Presidente, se reemplazará automáticamente por el Vicepresidente, mientras que esta última dignidad será elegida. La consulta prelegislativa se la eleva a ley, como un mecanismo previo a la adopción de una norma.
Se elimina el vacío legal cuando un legislador esté privado de libertad, dijo. Expresó que cuando se desarrolle un proceso penal, dentro del cual se haya ordenado como medida cautelar la privación de la libertad o dictado sentencia condenatoria, el legislador será reemplazado por su suplente, una vez que se cuente con la notificación judicial. En ese período, el asambleísta principal no percibirá su salario, pero quien lo sustituya tendrá los derechos y deberes que la ley le otorga. En caso de sentencia condenatoria ejecutoriada, cesará en su cargo.
En fiscalización, dijo que se reducen de 15 a 10 días los plazos para la entrega de información solicitada por los asambleístas, que deben registrarse en una unidad delegada por la Presidencia. En el caso de que la respuesta sea satisfactoria, la Comisión podrá, con el voto de la mayoría absoluta, archivar el proceso. En cambio, si no se cumple con la entrega, será causal para el inicio del juicio político.
Añadió que en caso de que se inicie una investigación, no deberá superar los 60 días, pero no podrá emitir una decisión antes de los 20, pero sí podrá pedir prórroga. En caso de juicio político, la Comisión de Fiscalización avocará conocimiento en el plazo de cinco días, caso contrario, lo archivará. Una vez iniciado el trámite, notificará al funcionario para que en 15 días ejerza su derecho a la defensa y presente las pruebas de descargo. En el mismo plazo se comunicará a los proponentes.
Sobre la participación, Johanna Cedeño, precisó que se fortalece esta práctica, autorizando al presidente de la comisión para que implemente mecanismos novedosos. Se adhieren dispositivos electrónicos para propiciar mayor participación de los asambleístas de las circunscripciones del exterior.
La estructura de la Asamblea es otro de los temas que sufre cambios. La Parlamentaria expuso que el Consejo de Administración Legislativa podrá crear o eliminar unidades administrativas, mientras que la Unidad Técnica Legislativa, se integra como órgano asesor de la Asamblea.
LILA/pv
