La Asamblea Nacional implementará acciones inmediatas para prevenir y combatir la corrupción. Esto a propósito del denominado caso Odebrecht.
Con el voto afirmativo de 106 asambleístas, de las diversas fuerzas políticas conformó una delegación multipartidista con representantes de la oposición que se trasladará a Estados Unidos y Brasil a recabar la información.
En el debate, que duró cerca de cuatro horas, los legisladores coincidieron en la necesidad de definir soluciones definitivas para erradicar la corrupción y transparentar la gestión pública.
La delegación multipartidista que viajará a Estados Unidos y Brasil para recabar información de manera directa de parte de las autoridades competentes en el caso Odebrecht está conformada por los cuatro vocales del Consejo de la Administración Legislativa: Verónica Arias (ARE), Soledad Buendía (PAIS), Luis Fernando Torres (PSC), Patricio Donoso (CREO, a los que se suman las presidentas de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión y de Relaciones Internacionales, Doris Soliz, así como la legisladora Wilma Andrade (ID).
Además decidió iniciar las acciones para llamar a juicio político al Contralor General del Estado; convocar de manera inmediata al Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno ante la Comisión de Fiscalización para que explique el avance de las investigaciones.
Demanda de la Fiscalía celeridad en la investigación y el inicio de procesos contra todas las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, presuntamente vinculadas en actos de corrupción desde el año 1987 y en todos los niveles de gobierno.
Exige la reparación integral de los daños y perjuicios causados al Estado ecuatoriano por parte de la empresa Odebrecht y luego proceder a su expulsión.
De igual manera, dispone que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social comparezca ante la Comisión de Fiscalización para que informe el concurso de méritos y el proceso de selección del Contralor General del Estado y las acciones que ha realizado para combatir la corrupción.
Demanda que se den por terminados los contratos que el Estado mantenga con Odebrecht y no volver a contratar con esta empresa.
También resolvió tramitar de manera urgente normas legales para prevenir y combatir la corrupción, como la muerte civil para los involucrados en hechos de corrupción; prohibir la contratación con empresas involucradas en actos ilícitos y crear incentivos para que la ciudadanía denuncie casos de corrupción
La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Bonilla, recordó los cambios de esta última década, en donde ya no existe corrupción institucionalizada y legalizada y que se legisla para las grandes mayorías. La mayoría de los casos de corrupción, dijo, han sido denunciados por este gobierno, al tiempo de reconocer, que los controles han fallado. Indicó que la investigación debe ser desde 1987, año en el que la empresa Odebrecht inicia sus operaciones en el Ecuador.
