La asambleísta Verónica Arias, miembro de la delegación multipartidista que recabará información sobre el caso Odebrcht, enfatizó que el Contralor General del Estado, Carlos Pólit Faggioni, tendrá las garantías establecidas en la Constitución durante la sustanciación de la solicitud de juicio político, es decir, se respetará su derecho a la defensa y en general el debido proceso.
En este marco, la Comisión de Fiscalización deberá avocar conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y tendrá que hacer el llamado formal al Contralor para que se presente ante este organism a exponer sus pruebas de descargo, de conformidad con lo que dispone la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La parlamentaria indicó que la presunción de inocencia es parte del debido proceso que se garantiza no solo en el juicio ordinario en la vía judicial, sino también en el juicio político que realiza la Legislatura.
Si el Contralor General del Estado no se presenta a la Asamblea Nacional el proceso seguirá su curso legal, subrayó Arias. Si se encuentran indicios de que no ha cumplido las responsabilidades constitucionales y legales que le fueron conferidas por mandato constitucional y legal, y no asiste a la Legislatura, se le puede destituir en ausencia.
La vocal del CAL señaló que la Comisión de Fiscalización debe verificar que se cumpla el artículo 131 de la Constitución y analizar que la solicitud de juicio político cuente con las respectivas pruebas.
Según la normativa legislativa caben dos medidas: seguir el proceso si encuentra indicios de responsabilidad de la máxima autoridad de control porque no ha cumplido las funciones y atribuciones establecidas en la Constitución, o archivar la solicitud.
En caso de que la Comisión de Fiscalización recomiende el juicio político. En el debate en el Pleno, todos los legisladores podrán intervenir para exponer sus razonamientos. Allí el funcionario ejercerá su derecho a la defensa de las acusaciones imputadas en su contra; y, él o los acusadores llevarán adelante la interpelación.
Por último, Veónica Arias recordó que la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del buen uso de los recursos públicos. El artículo 232 de la Constitución establece que no pueden ser funcionarios quienes tengan intereses en áreas que van a ser controladas o reguladas.
JLVN/pv
