El proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público garantiza la prestación de los servicios de seguridad ciudadana y complementarios, su gratuidad y presencia en todo el territorio nacional. Así lo aseguró Doris Soliz, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, durante la presentación del informe que elaboró esta mesa, respecto de la objeción parcial.
El Código está compuesto por cuatro libros. El primero contiene lo concerniente a la Policía Nacional; el segundo al Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses; el tercero al Servicio de Protección Pública; y, el cuarto a las Entidades Complementarias de Seguridad. Los tres primeros libros se los discutió en la Asamblea desde el 2011 y el cuarto desde el 2014. “Es un trabajo realizado desde hace varios años atrás”, enfatizó.
En conjunto, la norma posibilita otros beneficios. Según la representante de Azuay, permite generar el marco institucional adecuado para que la seguridad sea considerada de una manera integral, eliminando la dispersión normativa y actualizando las regulaciones de todas las entidades de la Función Ejecutiva y de los gobiernos autónomos descentralizados.
Acentuó que establece derechos y obligaciones de los 75.530 servidores de las instituciones reguladas en la norma. En este sentido, el proyecto contempla la carrera, niveles de gestión, asegura estabilidad laboral y permanencia. Para la legisladora el proyecto eleva políticas de Estado exitosas que han permitido un mejor posicionamiento del país en la región. Destacó que el gobierno ha invertido más de 26 mil millones de dólares en esta área, que corresponde a 48 veces más de lo invertido entre el 2000 y 2006.
Sobre el Libro I, de la Policía Nacional, Doris Soliz explicó que cambia la estructura de unidades aisladas a una más flexible; prioriza el concepto de policía preventiva y vinculada a la comunidad; busca profesionalizar al personal policial, regulando su carrera y mejorando su formación académica; regula el régimen de traslados considerando factores como la experiencia, habilidades y destrezas del servidor, entre otros cambios.
Sostuvo que este proyecto también fortalece el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que lo regula el Libro II. En este sistema, aseguró que se institucionaliza como un conjunto articulado y coordinado de subsistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios de investigación. Al mismo tiempo, se aprovecha la formación profesional de civiles para mejorar la investigación científica del delito, el desarrollo de mejores informes periciales y la modernización en materia de seguridad ciudadana.
En cuanto al Servicio de Protección Pública, la asambleísta precisó que es una entidad de carácter civil, especializada, profesional, técnica y jerarquizada, adscrita al Ministerio del Interior. Aclaró que está orientada a dirigir y neutralizar la probabilidad de ocurrencia de riesgos, vulnerabilidades y seguridad de las personas y bienes protegidos y que su trabajo lo coordinará con las diferentes entidades de Seguridad, a fin de fortalecer la protección de las autoridades.
El Libro IV, relacionado con la Entidades Complementarias de Seguridad, es fundamental porque los cuerpos que las integran van a estar modernizados, con una institucionalidad adecuada.
En este libro se incluyen a los cuerpos de Vigilancia Aduanera, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, Control Municipal y Metropolitano, Agentes Civiles de Tránsito y de Bomberos.
El proyecto será remitido al Registro Oficial para su publicación, una vez que el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió la objeción del Ejecutivo.
LILA/pv
