La presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Marcela Aguiñaga, al fundamentar el informe en torno a la objeción al proyecto de Código Orgánico Administrativo (COA), destacó que esta normativa busca proteger a los ciudadanos frente al ejercicio de la administración pública.
“El Estado a través de sus entidades tiene supremacía sobre el ciudadano, por eso el derecho administrativo tiene la obligación de proteger al administrado, de tal manera que pueda defenderse ante actos abusivos, arbitrarios o ilegales que, en algún momento, lo haga el Estado”, aseveró.
Además, señaló que gracias al COA, el ciudadano podrá demandar al Estado, por algún acto que considere ilegal o arbitrario, a través de diferentes vías (administrativa u órganos jurisdiccionales pertinentes).
En esta línea, la asambleísta por el Guayas, subrayó que entregar al país este código significa ofrecer a los ciudadanos un solo procedimiento administrativo. “No importa de dónde emane, una resolución o un acto administrativo, sea desde el municipio, de un ministerio o desde cualquier institución pública. Los funcionarios públicos tienen la plena capacidad y responsabilidad de contestar al administrado, en el tiempo que demanda la ley”, de ahí que el administrado goza del derecho a la defensa y a su debido proceso, agregó.
Indicó los artículos que sugiere para el allanamiento, entre ellos, el 48 que clarifica que las demandas judiciales que se dirigen contra instituciones públicas que no cuentan con personería jurídica, deben ser representadas por el Procurador General del Estado.
Así también la observación al artículo 74 que habla sobre la delegación a personas de derecho privado en caso de actividades relacionadas con los sectores estratégicos o la provisión de servicios públicos. En estos casos, la delegación no tendría el carácter de excepcional, ya que existen otros en los cuales el Estado, a través de los organismos e instituciones, presta servicios públicos, a fin de entender las necesidades de los administrados.
Con respecto al artículo 197 que habla sobre la prueba pericial o testimonial, la Comisión de Justicia acepta la objeción presidencial porque otorga igualdad de oportunidades tanto a la persona interesada como a la administración pública, para contrainterrogar a peritos y demás funcionarios, permitiendo incorporar testimonios o informes periciales en un procedimiento administrativo.
El artículo 217 que pretende integrar, articular y otorgar un tratamiento adecuado a las impugnaciones de los actos administrativos ante las administraciones. Al respecto, Marcela Aguiñaga resaltó que la mayoría de integrantes de esta mesa legislativa aprobó la observación del Ejecutivo, ya que la inimpugnabilidad de los actos derivados de la potestad discrecional, prevista en los artículos 14 y 18 del COA constituye una necesidad cuando se trata actos que, aunque requieran observar derechos individuales y la motivación pertinente, no podrían ser susceptibles de impugnación, en razón de su oportunidad, mérito o conveniencia.
“Estos artículos establecen cuál es la potestad discrecional que puede tener una autoridad”, subrayó. La presidenta de esta mesa legislativa señaló que “de ninguna manera se pretende dejar algún artículo que permita una facultad abusiva, por parte de la autoridad, puesto que este mismo código regula la potestad y señala que la competencia está regulada por la propia ley”.
Con respecto a la ratificación de los artículos de la norma aprobada por la Asamblea, ya que constituyen un avance de derechos, en tanto se reconfiguró el régimen vigente en relación al silencio administrativo. “Las penurias que atraviesan los ciudadanos para ser efectivos sus derechos, como consecuencia del silencio administrativo, requerían de una reforma del sistema administrativo que contempla una nueva forma de concebir la relación entre el ciudadano y la administración pública y, hoy, es una realidad”, concluyó la presidenta de la Comisión de Justicia.
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