Gobiernos autónomos descentralizados, involucrados en el tratamiento del proyecto de Ley de Fijación de Límites Territoriales Internos de la República del Ecuador, acudieron a la Asamblea para exponer sus criterios sobre los problemas limítrofes que se presentan entre las provincias de Cañar y Chimborazo, Esmeraldas y Pichincha, Los Ríos y Guayas, quienes solicitaron el archivo del proyecto, al argumentar que se generará mayor conflicto.
Santiago Correa, prefecto de Cañar, mencionó que el decreto ejecutivo 1398, el cual dio origen al proyecto, no obedece a principios fundamentales de la administración de justicia, sino a intereses de carácter político, por lo que solicitó el archivo del documento y advirtió que no está de acuerdo con la consulta popular.
Recordó que, sobre la base de los argumentos jurídicos, en su debido momento, pidieron el arbitraje como mecanismo de solución, pero que las autoridades de la provincia de Chimborazo no aceptaron.
El asambleísta Homero Castanier indicó que “es preocupante que hermanos ecuatorianos nos enfrentemos por pedazos de tierra o por defender la heredad territorial. Esta ley debe archivarse porque generará conflictos en distintas provincias, además que es antitécnica. Es necesario tomar correctivos orientados a lograr acuerdos biprovinciales”.
Mientras, el parlamentario Juan Cárdenas señaló que el problema nace por el informe presentado, al apuro, por la Comisión Especial de Límites Internos de la República (Celir), hoy Consejo Nacional de Límites (Conali), que hizo que el expresidente Rafael Correa emita el decreto. Por tal razón, pidió el archivo del proyecto para que prevalezca la unidad nacional.
De inmediato, los comisionados escucharon a Mariano Curicama, prefecto de Chimborazo, quien manifestó que son 64 mil hectáreas que les quieren arrebatar. Para buscar una solución, oportunamente, se pidió el arbitraje territorial por equidad, mismo que no fue aceptado por las autoridades de Cañar, quienes quieren un arbitraje jurídico.
Al plantear el archivo del proyecto, Curicama solicitó una consulta popular para que el pueblo, en las urnas, decida a qué territorio quieren pertenecer, mientras que los alcaldes Carlos Aguirre, de Chunchi; Marco Maquisaca, de Cumandá; Manuel Vargas, de Alausí; Juan Camas, representante de la Comunidad Guangra; los legisladores Jorge Corozo, Israel Cruz y Pedro Curichumbi, coincidieron con este pedido.
A su vez, la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, dijo que defenderán el territorio, la historia y la geografía de su jurisdicción y, por tanto, no permitirán que se afecte su espacio. Coincidió con la tesis del archivo del proyecto, mientras que el viceprefecto, Línder Altafuya, sostuvo que se debe actuar con justicia. “Esmeraldas no le ha quitado nada a nadie”, precisó.
Manuel Casanova, alcalde de Quinindé, indicó no estar de acuerdo con el informe que presenta el Consejo Nacional de Límites, porque hay inconformidad con los datos técnicos y jurídicos, por lo que solicitó a la comisión que revise los documentos.
Segundo Illezcas, fundador del recinto la Sesta de Jerusalén, manifestó que este sector debe pertenecer a Esmeraldas. La legisladora Roberta Zambrano, representante de Esmeraldas, afirmó que no se puede usurpar un territorio que, por historia, le pertenece a esta provincia.
El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Montgómery Sánchez, indicó que analizarán las propuestas y, en su debido momento, tomarán una resolución sobre el proyecto de Ley de Fijación de Límites Territoriales Internos de la provincia del Ecuador.
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