La representante nacional mencionó que el artículo 328 de la Constitución determina que las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas, y que la ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables.
“Lo que buscamos es restituir esa conquista de 16 mil trabajadores y sus familias, que fueron vulnerados con la Ley de Justicia Laboral, más aún cuando hoy se han abierto espacios de diálogo y concertación para rectificar procedimientos”, dijo.
Indicó que en 2015 se presentaron demandas en la Corte Constitucional respecto a la problemática, pero todavía no han recibido respuesta.
La asambleísta Liliana Durán, presidenta de la comisión, anunció que las comparecencias de los distintos colectivos ciudadanos involucrados en este tema se darán, oportunamente, de acorde a un cronograma.
El parlamentario Juan Cárdenas aseveró que en la Ley de Justicia Laboral se estableció que los ingentes ingresos que genera un recurso natural de propiedad indelegable del Estado ecuatoriano, explotado por una empresa transnacional, sirva y pase a manos de un sector que nunca tuvo nada. De esta forma, se trata de fortalecer el principio de una sociedad equitativa, menos excluyente y solidaria.
“Un grupo minoritario, que no representa ni el 1 % de la población, recibía, por la prestación de un servicio del que el Estado es su único propietario, un paquete de utilidades de 15 a 20 mil dólares por persona”, opinó. Por tal motivo, la legislación tiene que velar por los intereses de las mayorías y no por grupos excepcionales.
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