Una palabra lo cambia todo y los cuerpos de bomberos de los diferentes cantones del país lo saben. De esa palabra depende gran parte de su presupuesto y con ello sus remuneraciones, equipamiento, mantenimiento y la posibilidad de salvar vidas. Pensando en esa circunstancia, la Comisión de Desarrollo Económico tramitó el proyecto de reforma al artículo 32 de la Ley de Defensa Contra Incendios, y elaboró el informe favorable para conocimiento del Pleno.
Los argumentos de ese texto los explicó Esteban Albornoz, presidente de la mesa. Señaló que la ley actual establece que los bomberos tienen derecho a una contribución mensual que pagan los usuarios de energía eléctrica, según el tipo de cliente, quien aporta con un porcentaje del Salario Básico Unificado. El consumidor residencial cancela 1,88 dólares, el comercial 5,73 dólares, el industrial pequeño 11,25 dólares y los demás industriales 22,50 dólares.
En la reforma se plantean dos cambios, uno de forma y otro de fondo. Este último es el que permitirá garantizar el financiamiento de los bomberos, según Albornoz. La norma vigente determina que este tributo “podrá” ser cobrado por las empresas eléctricas, previo convenio. Sin embargo, el proyecto plantea que no debe ser opcional, porque pone en peligro el presupuesto de estas instituciones; debería ser obligatorio, y en ese sentido está la reforma.
En el cambio se propone que esa contribución “deberá” ser cobrada por estas empresas y el valor registrado a través de un comprobante de pago independiente, previo a un convenio suscrito con los cuerpos de bomberos. La recaudación sería entonces mandatoria. “Los derechos solo se garantizan con recursos oportunos y una eficiente gestión de presupuestos”, recalcó el Presidente de la Comisión.
Este tributo en el 2015 generó 123 millones de dólares; en el 2016, 125 millones y en los primeros cuatro meses de este año, 40 millones.
Durante una visita de delegados de cuerpos de bomberos de varios cantones del país, Eber Arroyo, comandante de esta entidad en Quito, aseguró que, según el nuevo Código de Entidades de Seguridad, en el Libro IV, esos recursos irán, directamente, al cuerpo bomberil y no a los municipios. En el encuentro se planteó la necesidad de revisar el porcentaje que cobran las empresas eléctricas por la recaudación. Albornoz dijo que es factible ese estudio.
Según el asambleísta, el objetivo es fortalecer la gestión de los cuerpos de bomberos y reconocer la gestión histórica, valiente y voluntaria que cumplen.
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