La historia sobre el proyecto de Ley de Fijación de Límites Internos cambió. En días pasados, la posición de las autoridades locales que acudieron a la Comisión de Gobiernos Autónomos fue casi unánime: solicitaban el archivo del mismo. Sin embargo, los prefectos de las dos provincias más grandes del país, Guayas y Pichincha, lo respaldaron.
Gustavo Baroja, de Pichincha, se refirió al conflicto entre esta provincia y Esmeraldas, en el recinto Simón Bolívar. Explicó que se intentó solucionar la situación mediante un proceso amistoso, sin ningún resultado, por lo que pasaron a un procedimiento institucional, que concluyó con el Decreto Ejecutivo 1393, que determinó la pertenencia de este sector al cantón Puerto Quito.
Con la explicación entregó a la comisión documentos relacionados con una certificación de una asamblea ciudadana, una encuesta institucional y otros estudios de opinión que demostrarían que la mayoría de esta población quiere ser parte de Pichincha. “Hay razones legales, históricas y sociales para que se respete una decisión del pueblo”, afirmó. Sostuvo que no se deben alargar estos problemas y respaldó el proyecto.
Ese mismo apoyo lo tuvo Xavier Sandoval, delegado de la prefectura de Guayas. Aunque dijo no estar de acuerdo con las resoluciones del expresidente Rafael Correa sobre los límites con algunas provincias como Azuay, Cañar, Bolívar, Manabí y El Oro, con las que pierden territorio, apoyan el cuerpo legal y la unidad del país.
Las dos autoridades consideran que es vergonzoso que Ecuador esté discutiendo límites internos, cuando se encamina al principio constitucional de la ciudadanía universal. Afirmaron que no es correcto “seguir desangrándonos” entre pueblos y que la prioridad es atender a la ciudadanía.
En Bolívar y Azuay sus representantes argumentaron que no han tenido problemas limítrofes y que los mismos los creó el Comité de Límites Internos (Conali). Solicitaron que se respeten los linderos que se establecieron en la fundación de los cantones Bucay, Pucará y Ponce Enríquez y parroquias como Molleturo-Cuenca, que son las zonas identificadas con inconvenientes.
Vinicio Coloma, prefecto de Bolívar, acotó que no pretenden que se les regale nada, sino que se respete lo que les corresponde y la decisión de la ciudadanía expresada en asambleas, talleres y foros. Expresó que la zona de La Esperanza, límite entre Chillanes y Bucay siempre fue atendida por las autoridades de esta provincia, por lo que sugirieron visitar el sector y hacer trabajo en territorio.
Otro de los problemas identificados por el Conali se encuentra entre los cantones Pucará y Ponce Enríquez, de Azuay. Sus alcaldes Rogelio Reyes y Manuel Espinoza se sumaron al pedido de que respeten los límites fijados en la creación de los mismos, porque se está creando un problema social grave. Acotaron que el Conali modificó las fronteras “a su antojo”, sin ningún informe técnico motivado y sin los procesos de socialización.
Por la parroquia Molleturo acudieron unas doscientas personas. La concejal Narcisa Gordillo sostuvo que esta población “ha sido y será del cantón Cuenca por más de 164 años”. Exigieron que se respete esa pertenencia y la ley.
LILA/pv
