No solo explicaciones, sino información documental es lo que pidió la Comisión de Gobiernos Autónomos a aquellos que acuden para dar su versión sobre los problemas de límites territoriales, los cuales se quieren solucionar a través de un proyecto de Ley sobre esta materia. El tiempo corre y el panorama aún no es claro. Las posiciones se comenzaron a dividir y el organismo técnico sustenta sus estudios, aunque muchas autoridades no están de acuerdo.
Uno de los inconvenientes que ayer se abordó en la mesa es el que existe entre Guayas-Bolívar, Guayas-Azuay, Pichincha-Esmeraldas y entre los cantones Pucará-Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Esto, en el marco del estudio del proyecto de Ley de Fijación de Límites Territoriales Internos de la República del Ecuador.
En el primer caso, el delegado de la prefectura del Guayas, Xavier Sandoval, sostuvo que aunque no están conformes con lo resuelto por el Ejecutivo mediante un proceso administrativo, aceptan la decisión. Sin embargo, autoridades de Bolívar fueron enfáticas en pedir el archivo del proyecto porque los perjudica. El conflicto entre estas dos provincias se localiza en el recinto Santa Rosa de Agua Clara, entre los cantones Chillanes (Bolívar) y Bucay (Guayas).
Los delegados de esta circunscripción respaldaron su postura con dos pronunciamientos constitucionales y con certificados de asambleas ciudadanas. Exigieron que se respeten los límites fijados en la creación del cantón Bucay, en 1907. Todos consideraron que el problema lo generó el Comité de Límites Internos (Conali).
Esa misma percepción la tuvieron los delegados de los cantones Pucará y Camilo Ponce Enríquez. Según ellos, nunca han tenido problemas de límites y siempre se respetaron los establecidos en la fundación de los mismos. Sin embargo, explicaron que el Conali, sin haber hecho socializaciones ni haber realizado visitas de campo, les notificó la existencia de inconvenientes.
Sobre Guayas-Azuay se pronunciaron delegados de la parroquia Molleturo, del cantón Cuenca. Declararon que con el proyecto perderían unas 23 comunidades, cuyos habitantes desean pertenecer a Cuenca, según estudios. Ellos también pidieron que se respeten sus derechos de pertenencia.
Más tarde, Raúl Muñoz, secretario técnico del Conali, acudió para explicar los procedimientos que se siguieron para solucionar la falta de delimitación territorial. Afirmó que se acudió a mecanismos institucionales, porque los amistosos se agotaron. La Ley de Fijación de Límites, vigente desde abril de 2013, estableció los procedimientos amistosos e institucionales para decidir sobre estos dilemas.
Según el funcionario, la aplicación de la norma permitió resolver los 972 diferendos, luego de afirmar que esta resolución no solo es un objetivo y un interés del país, sino un mandato constitucional.
Aclaró que se presentaron informes técnicos motivados, los cuales se sustentaron, principalmente, en las pruebas que idicaron las partes en conflictos, que en su mayoría se refirieron a sustentos jurídicos e históricos. La Comisión seguirá recibiendo más criterios de otras autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, antes de construir el informe para primer debate.
LILA/pv
