La Asamblea establece vínculos con la academia. En esta ocasión, Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia; Henry Cucalón, asambleísta, y Libia Rivas Ordóñez, secretaria general, acudieron a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para exponer sobre la práctica y técnica legislativa. Juntos resaltaron el papel de la ciudadanía en la presentación de iniciativas legales y en la fiscalización.
El evento, organizado por la Escuela Legislativa, se desarrolló en la Facultad de Jurisprudencia de la entidad educativa, hacia donde asistieron las principales autoridades y estudiantes, quienes expresaron su satisfacción de poder ampliar sus conocimientos en este ámbito.
Procedimiento Legislativo
Libia Rivas Ordóñez explicó que existen cinco maneras de presentar proyectos de ley: por iniciativa legislativa, con el respaldo de al menos el 5 % de la totalidad de los integrantes del Legislativo; por parte del Presidente de la República, a quien la ley le permite, además, la competencia exclusiva en temas tributarios; el aumento del gasto público, cuando se modifique la división político-administrativa del país, y los calificados de urgencia en materia económica.
La otras funciones del Estado también pueden presentar propuestas legales, en materias vinculadas con el ámbito de su competencia, así como por decisión popular, con el apoyo del 0.25 % del padrón electoral. La funcionaria se refirió a los requisitos y procedimientos que se cumplen en el interior de la Asamblea.
Diferenció el trámite que se sigue en caso de proyectos ordinarios y los urgentes en materia económica, que se resumen en los tiempos. En los primeros, una vez que el Consejo de Administración Legislativa los califica y los remite a la comisión respectiva, la mesa tiene 45 días para presentar el informe para primer debate. Los primeros quince días se dedican a la participación ciudadana. Para el informe para segundo debate se requiere del mismo tiempo.
En las iniciativas urgentes, la Asamblea tiene treinta días para aprobarlos. El primer informe se presenta en diez días, los cinco primeros son obligatorios para la participación ciudadana. Transcurridos cuatro días del cierre del primer debate, se debe presentar el informe para votación. En el caso de tratados internacionales, la comisión cuenta con 20 días para elaborar el documento que se discute en el Pleno. En codificaciones el tiempo aumenta a 60 días.
El rol legislador y la práctica parlamentaria
Marcela Aguiñaga recalcó que el rol principal del legislador está al servicio ciudadano y tiene que cumplir con sus atribuciones en función del principio de la separación de los poderes del Estado. Sin embargo, señaló que hay mecanismos para su relacionamiento, como la colegislación entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Los representantes del poder ciudadano deben retribuir el encargo del poder de acuerdo con estos lineamientos, a fin de construir normas para la convivencia de la sociedad, vigilar su aplicación y fiscalizar. No obstante, sostuvo que hay nuevos desafíos que tienen que ver con nuevas formas de relacionarse con la sociedad: “Hoy sus planes están asentados en aquellas propuestas de campaña que nos ofrecieron y que deben cumplirse”.
Acotó que las leyes son la representación ideológica de la mayoría de turno y que lo que se busca es que los legisladores que conquistaron una voluntad sean fieles cumplidores de las promesas que ofertaron. Por eso, explicó que no se debe satanizar a las mayorías, porque estas manifiestan la voluntad del soberano. También dijo que el rol del legislador debe ir acoplado a los tiempos que vive la sociedad, por ejemplo, hoy se debate si la redes sociales deben o no ser reguladas.
En cuanto a los nuevos desafíos de la legislación precisó que los nuevos parlamentos se han planteado, como atribución, vigilar la eficacia de la aplicación de la normativa, si han contribuido a cumplir los objetivos planteados, o si requieren modificaciones o, incluso, derogatorias: “El rol de fiscalización debe ser ejercido con responsabilidad. No puede ser un show político o mediático y menos para buscar a cambio alguna cosa”.
El rol del legislador y la participación ciudadana
El asambleísta por Guayas, Henry Cucalón, enfatizó que la participación ciudadana es transversal y que la democracia participativa y representativa no se contrapone, por lo que sin participación no hay democracia. Apostilló que la labor de un legislador es hacer que la voluntad de la ciudadanía se refleje en una ley y que eso trae sus dificultades.
Una decisión puede beneficiar o perjudicar a las grandes mayorías, por eso se necesita la retroalimentación entre el legislador y el ciudadano, sin perjuicio de quien haya tenido la iniciativa. También habló de las atribuciones que tiene el Parlamento, según la Constitución.
En la construcción normativa aseguró que el pueblo juega un papel importante. El ciudadano acompaña ese proceso de construcción a través de varios mecanismos, como audiencias, comisiones generales y observaciones por escrito, es decir, “se le ha dado instrumentos al ciudadano para ejercer su rol, depende de ustedes que así sea”.
Coincidió que el otro mecanismo, a través del cual el pueblo ejerce su participación, es mediante la iniciativa popular: “Ojalá que el pueblo tome esta arma democrática para poder arrinconar a los mandatarios y forzarlos a que tomen decisiones. Esos tipos de proyectos no pueden ser vetados de forma total”. Igualmente, el asambleísta conversó sobre la consulta prelegislativa que se aplica cuando ciertos sectores, como pueblos y nacionalidades, ven afectados sus derechos colectivos.
En fiscalización hizo hincapié en que la participación ciudadana es un órgano de poder, pues permite la aprobación de los presupuestos municipales y de prefecturas. Dijo que aunque en la Asamblea no tiene un carácter tan fuerte, se están haciendo “ejercicios interesantes”, como la “silla vacía”, que se aplica en las comisiones y que se debería hacer también en el Pleno.
LILA/pv
