Durante los 100 primeros días de gestión parlamentaria, la Comisión de Derechos Colectivos, liderada por Jorge Corozo Ayoví, estudió dos proyectos de ley: para una Adolescencia Libre de Castigo Físico, Tratos y Penas Degradantes; y de Derechos Lingüísticos.
Los integrantes coincidieron que la primera propuesta, de autoría de la exasambleísta Marisol Peñafiel, presenta una duplicidad normativa con otros cuerpos legales, como el Código de la Niñez y Adolescencia, por lo cual sugirieron su archivo. Sin embargo, está previsto recibir a la autora del proyecto, para escuchar su explicación antes de tomar una decisión.
Marcela Holguín, vicepresidenta de la comisión, explicó que algunas de las disposiciones del proyecto ya constan en el código, por ejemplo, el artículo 1, donde se establece que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar una protección integral a niños, niñas y adolescentes, a fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos.
Asimismo, mencionó las sanciones por violación de los derechos de los menores (artículo 19). La normativa prohíbe sanciones corporales y psicológicas en los planteles educativos, así como medidas de exclusión y discriminación por alguna condición personal del estudiante, de sus progenitores o de sus representantes legales. El código también sanciona medidas discriminatorias por maternidad o embarazo de una adolescente.
Mientras, el artículo 40 determina que tanto la práctica docente como la disciplina en los planteles educativos se ejercen respetando sus derechos.
Académicos se pronunciaron sobre el proyecto de Derechos Lingüísticos
Con respecto al proyecto de Ley de los Derechos Lingüísticos y Nacionalidades, la comisión, de manera oportuna, recibió a Inti Cartuche Vacacela, magíster en Sociología y especialista en revitalización lingüística, y a José María Vacacela, doctor en Psicología Evolutiva por la Universidad de Salamanca, quienes sugirieron que se incluya en la propuesta una educación bilingüe.
El académico Cartuche resaltó la importancia de una estandarización de lenguas ancestrales en el Ecuador con el nombre de hegemonía lingüística. Para esto es necesario crear un Consejo Plurinacional, con la competencia de aplicar y regular políticas públicas, encaminadas hacia la implementación de una educación bilingüe: “el objetivo rector es la revitalización y recuperación de las lenguas ancestrales”, aseveró.
Vacacela sostuvo que la propuesta debe contemplar como objeto no solo el reconocimiento y garantía de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y nacionalidades con tradición lingüística propia. Se debe añadir también el resarcimiento de los derechos del mundo indígena, históricamente invisibilizado y anulado.
En esta misma línea, el sociólogo Eduardo Flor Granda, subsecretario del Directorio del Núcleo de Pichincha, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), propuso el concepto de alteridad como eje transversal del proyecto.
Luego del receso legislativo, estos proyectos continuarán siendo analizados y debatidos por la mesa legislativa
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