Antes de que el Pleno continúe el primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (Loes), las autoridades de las tres principales entidades rectoras se presentaron, en comisión general, con el fin de exponer su propuesta unificada para este cuerpo legal.
De nuevos desafíos habló Augusto Espinosa, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senecyt). Estos tienen que ver con el fortalecimiento institucional y la ampliación de la oferta académica, basada en criterios de libertad de elección y bajo concepto de meritocracia.
Mencionó la diversificación de la misma, mediante el robustecimiento de la formación técnica y tecnológica. Este tipo de educación se mantiene dentro del sistema, con la posibilidad de que, por un lado, se conviertan en institutos superiores tecnológicos universitarios, con títulos de tercer nivel y, por el otro, puedan acceder a programas de posgrado. Se plantea la valoración de esta formación equivalente a la universitaria para el sector laboral y social.
En cuanto a la institucionalidad, Barrera indicó que se plantea que la Senescyt, el Consejo de Educación Superior (Ces) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación (Ceaaces) deben mantenerse, pero con una mejor claridad en cuanto a sus competencias y funciones, así como una articulación y coordinación.
En cambio, la autonomía universitaria se mantiene, pero se incorpora la calidad e inclusión como criterios para fortalecer el sistema. También proponen crear un régimen específico para las compras públicas y el control de la Contraloría.
La calidad educativa
Del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educativa, categorización, funciones y conformación del Ceaaces habló su representante Gabriel Galarza. Planteó que el sistema se componga de procesos que tengan por objeto garantizar y promover esa calidad. El Ceaaces será el que lo coordine y planifique.
En el tema de la categorización, según Galarza, se sugiere una cualificación académica que sea el resultado de una evaluación, según una metodología que incluye criterios, estándares, indicadores cualitativos y cuantitativos de carácter nacional e internacional. Además, se fortalecerá el sistema de formación, calificación y acreditación de los evaluadores.
Cogobierno, bienestar estudiantil e intervenciones
Enrique Santos, del CES, dijo que una de las problemáticas identificadas es la participación de graduados en órganos de cogobierno, que no ha sido democrática, por lo que plantean que no sean parte de estos organismos, pero sí de los comités consultivos. En cambio, sí creen que las autoridades académicas deben ser parte de los cogobiernos con voz y voto.
El directivo se refirió, además, a la paridad de género e igualdad de oportunidades para la elección de rector (rectora o vicerector/vicerectora).
Sobre la intervención a universidades y escuelas politécnicas, se propone que con la misma se podrá suspender temporalmente las funciones de las autoridades, mientras que el Presidente de la Comisión Interventora deberá cumplir los mismos requisitos exigidos para ser rector.
En cuanto al requisito de doctorado PHD o su equivalente exigidos para ser profesor titular principal, sugieren que sea obligatorio después de once años a partir de la vigencia de esta norma.
Por otra parte, plantean que las instituciones de educación superior deben mantener una Unidad de Bienestar Universitario destinada a promover los derechos de los distintos estamentos de la comunidad universitaria. Esta se encargará de promover un ambiente de respeto.
LILA/pv
