Ampliación de derechos para los adultos mayores, exoneración de los servicios básicos, atención prioritaria, administración de justicia, protección a los ancianos, la tenencia y régimen de visitas de las personas de tercera edad, fueron la observaciones que planteó Pamela Falconí, viceministra de Inclusión Económica, ante la Comisión de Derechos Colectivos.
Informó que la cartera de Estado entrega pensiones de 50 dólares a 466 mil 80 adultos mayores y que hasta diciembre aspiran entregar pensiones de 100 dólares a más de 15 mil adultos geriátricos que se encuentran en estado de vulnerabilidad y extrema pobreza.
Solicitó a la Comisión que incluya a los funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies) en los debates y socialización del proyecto de Ley del Adulto Mayor. “Nosotros tenemos la obligación de atender al adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad extrema pobreza y personas con discapacidad”, sostuvo.
Por su parte, María Fernanda Pacheco, presidenta del Patronato Municipal San José, de Quito, sugirió que el proyecto incluya programas sociales, de salud y de cuidado integral, así como de productividad que involucre a la academia y programas recreativos. Además, dijo que se deben instituir consejos asesores sobre temas de adultos mayores y aumentar los centros geriátricos.
Informó que la población octogenaria de Ecuador supera las 940 mil personas, de ellas 141 mil 516 se encuentran en el Distrito Metropolitano de Quito. Explicó que de la población de adultos mayores en Quito el 16 % tiene discapacidad, el 30 % posee una persona que les cuida, el 15 % son víctimas de abandono y el 13 % tiene enfermedades psiquiátricas.
La funcionaria indicó que en el distrito metropolitano se han adoptado medidas para que los adultos mayores sientan satisfacción con su cuidado integral. Por ello recomendó que estas medidas deben llegar a la población geriátrica del país.
El legislador Tito Puanchir, integrante de la mesa, sostuvo que es necesario delinear políticas que atiendan las necesidades integrales de los ancianos para que gocen de la vida que les resta.
Por último, Jorge Corozo, presidente de la Comisión, expresó que las realidades de las provincias son distintas en temas de protección y cuidado a los adultos mayores. “El objetivo es construir una ley que haga cumplir lo que determina la Constitución”.
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