Pabel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico y ponente del informe de la Proforma Presupuestaria 2018 y la Programación Cuatrianual 2018-2021, informó que la principal inversión está dirigida al área social, con un monto de 12.833 millones de dólares a los sectores educación, salud, vivienda y bienestar social.
Al indicar que el informe incluye 12 recomendaciones dirigidas a diversas entidades del Estado, propuso su aprobación. Argumentó que se ajusta a la norma constitucional y se adecua al Plan Nacional de Desarrollo.
Según el legislador, el gasto en personal es el más significativo con 9.954 millones de dólares. Los rubros de Educación (37 %), Salud (17 %), Seguridad (29 %) y Justicia (5 %) concentran el 88 %, es decir, sueldos para maestros, médicos, policías y jueces. Además, se privilegia el gasto hacia los sectores de infraestructura y recursos no renovables; producción, hábitat y vivienda, política exterior y promoción; y política económica.
Pabel Muñoz indicó que el monto de la Proforma es de 34.818,13 millones de dólares y representa una reducción del 5,34 % respecto de la de 2017. Se cumple la regla fiscal, es decir, los ingresos permanentes son superiores en 627,69 millones de dólares a los gastos permanentes. El indicador deuda consolidada respecto al PIB, a septiembre de 2017, se ubica en 28,8 %. Las previsiones macroeconómicas estiman escenarios de endeudamiento que no superan el 40 % hasta 2021 y se cumplen las preasignaciones en cuanto a los gobiernos autónomos descentralizados, salud, educación básica, bachillerato y educación superior.
Recomendaciones
El presidente de la mesa legislativa señaló que la comisión recomienda al Gobierno Central registre y utilice los catálogos y clasificadores presupuestarios, especialmente el orientador del gasto en políticas de igualdad y ambiente, así como el funcional y el geográfico. También que asegure los recursos suficientes para ejecutar el Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres.
La comisión insiste en la necesidad de actualizar el estudio sobre el cierre de brechas territoriales, informar los programas o proyectos que podrían verse afectados por la disminución de los recursos asignados al Plan Anual de Inversiones 2018, elaborar un plan de fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica, y definir un esquema para la utilización de los recursos asociados con la devolución del IVA y el Impuesto a la Renta para las universidades.
Así mismo, sugiere elaborar una programación para el pago de la totalidad del incentivo a la jubilación de los servidores públicos, garantizando que los montos asignados sean al menos iguales a los dispuestos en el año 2017. También informar sobre los recursos que anualmente se transfieren a la seguridad social, particularmente lo relacionado al fondo de salud.
Otra recomendación de la comisión tiene que ver con un monitoreo permanente del comportamiento de la balanza comercial, la entrega de información detallada sobre los recursos asignados, fuentes de financiamiento y ejecución del Plan Toda una Vida y modificaciones en los subsidios en desarrollo social y en desarrollo urbano y vivienda, así como los resultados de la aplicación del Decreto No. 135 de 1 de septiembre de 2017 (Decreto de Austeridad).
Igualmente, requiere un informe de la política, metodología de cálculo y los objetivos del gobierno sobre endeudamiento público, así como un informe que muestre los avances en la ejecución del Plan Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
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