El manejo de instrumentos de medios electrónicos y a quien beneficia o perjudica el proyecto de Ley para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera fueron los temas que ocuparon la primera parte del debate en el Pleno.
“El incremento de impuestos es para el 1.6 % de las empresas más grandes del país, que tienen utilidades de 100 millones de dólares al año, 500 mil o 10 millones; por el contrario, se ha dicho que perjudica a los más pobres: no es así, hay ventajas para los emprendimientos y la economía popular y solidaria”, expresó Franco Romero, de Creo-Suma.
Con el tratamiento “responsable” que se ha hecho en la comisión, Soledad Buendía, de Alianza PAIS, recordó que después de debates y argumentos desglosados por los sectores en la mesa, al proyecto se le cambió en un 65 %. Según su coideario Esteban Melo, se modificó para no perjudicar a las clases popular y media, mientras que Buendía habló de la progresividad en la gestión tributaria.
Los dos asambleístas indicaron que esta transformación permitió que no se grave con el Impuesto a la Renta (IR) al décimo tercer sueldo, que no pague un tributo por no tener cargas familiares y que no se aplique de 0.5 al 2 % sobre retiros bancarios superiores a 4 mil dólares mensuales.
Además, que podrán formar parte de la deducción del IR los gastos de padres dependientes y pensiones alimenticias, que quienes sean parte de la frontera puedan reprogramar el pago de sus deudas con cargo al Impuesto a la Salida de Divisas y que no se cobre a los migrantes retornados ningún tipo de deuda de origen hipotecario que hayan contraído en el exterior.
Desde el otro lado, Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, prefirió centrarse en la percepción que ha generado en los sectores productivos la iniciativa que, según él, la consideran mala. “Ese efecto psicológico es más poderoso que cualquier inciso en cualquier ley”, sostuvo, al comparar los mensajes positivos que ha generado el llamado a la consulta popular, por ejemplo, tranquilidad.
Sobre el manejo del Dinero Electrónico, Gabriela Larreátegui, de Creo-Suma, cuestionó que se mantenga en el Banco Central del Ecuador, en vista de que no ha funcionado en tres años de implementado. Cree que el Banco Central no brinda confianza ni cuenta con los medios para hacerlo. En cambio, Melo aseveró que esa desconfianza está en la banca privada por todo lo que sucedió en la crisis de 1999.
“Fortalecer estos medios electrónicos era sustancial para el país, pero se retiró (de la banca privada) no por temas de fondo, sino por un discurso de ataque a los bancos”, cuestionó Larreátegui, al recordar que al país le cuesta 12 millones de dólares anuales traer billetes.
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